Quito, 27 de febrero de 2026.- Con 77 votos a favor y 70 en contra fue aprobada este jueves la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía en la Asamblea Nacional de Ecuador.
Esta legislación, que reemplaza la Licencia Ambiental para la explotación de proyectos mineros, ha sido ampliamente criticada por vulnerar de forma sistemática los derechos de la Naturaleza y de los pueblos y nacionalidades indígenas, al eliminar salvaguardas ambientales, sociales y culturales con el fin de acelerar la inversión y avanzar la agenda económica del Ecuador, incluidos compromisos vinculados a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
Este impulso normativo ignora precedentes jurídicos como el Precedente Sinangoe (2022), y contraviene obligaciones internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (metas 3,9 Y 22, comprometiendo gravemente la protección de los derechos constitucionales como la consulta y consentimiento previo libre e informado, derechos de la naturaleza, derecho a la resistencia entre otros.
El pasado 24 de febrero, en un pronunciamiento firmado en Puyo, las siete nacionalidades de Pastaza —Achuar, Andwa, Kichwa, Shuar, Shiwiar, Sapara y Waorani manifestaron su rechazo a este Proyecto de Ley, y exigieron que sea archivado.
Hay que recordar que en julio de 2025, cuando Amazon Frontlines advirtió sobre los riesgos de reducción estatal, vulneración de derechos y desprotección de la Naturaleza como los costos reales de los préstamos del FMI y de la mal entendida eficacia, la organización explicó que con la desaparición del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y al transferir esas responsabilidades a la cartera de Estado encargada de promover actividades extractivas como la minería y el petróleo, se entregó el control de la gestión ambiental a las mismas industrias extractivas que deben ser controladas y fiscalizadas.
En ese momento se apuntó que desde el inicio de este periodo presidencial, el gobierno de Noboa se ha encargado de operar una serie de acelerados cambios normativos que le permitan impulsar su agenda económica sin ningún tipo de restricciones, en concordancia con el plan financiero respaldado por el FMI. Así se demostró en la segunda revisión del acuerdo vigente con el Fondo, publicado en 18 de julio de 2025, cuando Ecuador se comprometió a adoptar reformas fiscales y estructurales para atraer inversión privada a sectores “con gran potencial” como la minería, los hidrocarburos y la energía, así como para impulsar el desarrollo del mercado de capitales nacional y la profundización financiera.
Son precisamente los sectores de minería e hidrocarburos los que han determinado en Ecuador cuáles son las regiones donde les interesa hacer proyectos de exploración y explotación y se ubican en su gran mayoría en territorios ancestrales de pueblos y nacionalidades indígenas, cuyos bosques son los mejor conservados y quienes han exigido por años el respeto a sus derechos de acuerdo a lo que establece la Constitución de Ecuador, que en 2008 convirtió al país en referente internacional al reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos.
En la cuarta revisión del acuerdo vigente con el FMI, del 18 de diciembre de 2025, el Fondo reconoce los esfuerzos de Ecuador “por impulsar la inversión y el crecimiento en el sector minero, las autoridades se han comprometido a promulgar normas para la reapertura del catastro minero (finales de junio de 2026), que había estado cerrado desde 2018.” En este informe, reconoce que “se está elaborando un nuevo régimen fiscal para el sector minero (finales de diciembre de 2025), con el apoyo de la asistencia técnica del FMI”.
Al ignorar precedentes jurídicos nacionales e internacionales, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía elimina salvaguardas ambientales y transfiere responsabilidades de gestión ambiental a carteras de Estado que promueven las actividades extractivas, institucionalizando un conflicto entre el modelo de desarrollo económico y la protección de los derechos humanos y ambientales en el país.
