Desglose
- A través de litigios estratégicos, la comunidad ha logrado obtener victorias históricas en los tribunales de Ecuador. La más importante de estas fue una sentencia de la Corte Constitucional del país que consagra y afirma el derecho de las comunidades a decidir sobre sus propios territorios y sus vidas, además del derecho de decir “no” a los proyectos extractivistas. Un año después, el gobierno ecuatoriano sigue sin cumplir con la sentencia.
- La crisis climática y ecológica se agrava, en gran parte, por la expansión de proyectos extractivistas en territorios protegidos y ancestrales habitados por comunidades indígenas. Estos proyectos se imponen en nombre del “desarrollo”, sin el consentimiento de las comunidades indígenas.
- La comunidad A’i Cofán de Sinangoe ha logrado resistir la invasión de intereses mineros en su territorio a través de un proceso de organización de base que involucró el monitoreo ambiental con alta tecnología, el liderazgo de voces jóvenes, y la formación de la guardia indígena
A los pies de los Andes ecuatorianos, a orillas del río Aguarico, se encuentra el territorio ancestral del pueblo A’i Cofán de Sinangoe. Aquí, las montañas se encuentran y se fusionan con el bosque denso, formando un área con el nivel más alto de especies por hectárea en todo el Ecuador. “Aquí está nuestra vida, nuestra comida, nuestra medicina, y todo,” como dice Wider Guaramag, presidente de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe.
Durante años, la comunidad de Sinangoe ha estado resistiendo, monitoreando, y documentando a los mineros ilegales de oro y cazadores furtivos que ingresan y contaminan el territorio. La minería causa deforestación, daña el cauce de los ríos, y frecuentemente provoca contaminación tóxica por mercurio. Por estos motivos, la minería representa una amenaza directa al territorio de los A’i Cofán, a su forma de vida, y a su salud comunal.
A estas problemáticas históricas, se se sumó otro brutal golpe. Entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, el gobierno ecuatoriano otorgó cincuenta y dos concesiones mineras de oro (22 ya entregas y 30 en trámite) en la cabecera del río Aguarico. Esto sucedió sin el consentimiento previo, libre e informado de los A’i Cofán de Sinangoe o de las comunidades de río abajo. Además, en violación de la Constitución nacional, más de 32.000 hectáreas de la tierra de Sinangoe y la selva tropical primaria circundante fueron designadas por el gobierno ecuatoriano como zona de extracción permitida.
La Guardia Indígena de Sinangoe detectando minería a orillas del río Aguarico en su territorio ancestral, enero 2018.
En respuesta, con el apoyo y la solidaridad de otras nacionalidades y organizaciones indígenas aliadas en esta lucha, los A’i Cofán de Sinangoe demandaron a cinco ministerios y agencias gubernamentales por otorgar las concesiones y solicitaron una acción de protección para detener la minería en su territorio y sus alrededores. En una decisión histórica emitida en julio de 2018, un juez regional admitió el reclamo, acusando al Estado ecuatoriano de una violación del derecho de la comunidad a la consulta libre, previa e informada. El juez procedió a suspender todas las operaciones mineras en el territorio. Las autoridades estatales de Ecuador apelaron, pero la comunidad A’i Cofán respondió solicitando la revocación total de las concesiones y el reconocimiento de que se violaron sus derechos fundamentales (a la salud, el agua, y un medio ambiente limpio) y los derechos de la naturaleza. En octubre de 2018, un tribunal provincial canceló las cincuenta y dos concesiones, exigió la reparación de las áreas afectadas por la minería, reconoció la violación del derecho a la consulta previa, y reafirmó los derechos de la comunidad y los derechos de la naturaleza. Esta victoria consagró un precedente legal significativo y estableció una herramienta jurídica para todas las comunidades indígenas de Ecuador que resisten la invasión de la minería.
Pero ese no fue el final de la historia. En 2019, la Corte Constitucional de Ecuador utilizó el caso Sinangoe para emprender una revisión de los criterios constitucionales que garantizan los derechos indígenas. El 27 de enero de 2022, la Corte dictaminó que el Estado ecuatoriano y todos los demás actores tienen la obligación de obtener el consentimiento de las comunidades afectadas antes de emprender planes o proyectos petroleros, mineros, u otros de extracción, con base en el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación. Este es el precedente de Sinangoe.
Miembros de la comunidad A’i Cofán de múltiples generaciones alzan sus voces en defensa de su territorio ancestral de selva tropical y su forma de vida durante una movilización frente a un tribunal provincial en 2018
I. ¿De qué se trata este precedente legal?
El 27 de enero de 2022, la Corte Constitucional de Ecuador, el tribunal más poderoso del país, emitió un fallo histórico que reconoció los derechos de las comunidades indígenas a tener la última palabra sobre los proyectos extractivistas que afectan sus territorios. El fallo representa uno de los precedentes legales más fuertes en todo el mundo que defiende el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre el futuro de sus territorios ancestrales. Como explica María Espinosa, abogada principal del caso Sinangoe, “en el precedente, la Corte reconoce el derecho a la consulta y el consentimiento previos, y entiende este derecho como un derecho integral, que protege no solo la participación de las comunidades, sino también la propiedad, autogobierno, y autodeterminación de los pueblos indígenas. En todas las sentencias de los tribunales, desde la corte provincial hasta la Corte Constitucional, el sistema de justicia también reconoce el valor especial que tiene el ‘territorio’ para los pueblos indígenas, que el territorio no es un objeto, sino un sujeto de derechos.”
Por primera vez en la historia, jueces de la Corte Constitucional de Ecuador escuchan argumentos orales para sentar un precedente nacional sobre quizás los dos derechos más importantes para la soberanía indígena de la selva tropical más importante de nuestro planeta: los derechos de la naturaleza y el derecho a decir «no» a proyectos extractivistas, noviembre 2021
II. ¿Por qué es tan importante este precedente legal?
En primer lugar, el precedente legal es importante porque hasta la fecha, puede ser considerado uno de los más altos pronunciamientos a favor de los derechos indígenas en la historia ecuatoriana, sentando un precedente jurídico trascendental en todo el país y convirtiéndose en un referente a nivel mundial. Dada la influencia de la Corte Constitucional, esta sentencia es vinculante y obligatoria: el Estado ecuatoriano y las empresas en su circunscripción deben acatar en todos los contextos esta decisión, aplicándola no solo a la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, sino a todos los pueblos indígenas de Ecuador. El fallo de Sinangoe ahora se ha convertido en una poderosa herramienta e instrumento legal que pueden utilizar todas las nacionalidades y comunidades para resistir la invasión extractivista y proteger sus territorios. Otras comunidades en otros continentes ya han citado este precedente para dar más peso a sus propios casos de protección de sus territorios. En Ratuati Irara (Islas Tiwi, Australia), los isleños de Tiwi ganaron un caso histórico para proteger sus aguas de las perforaciones de gas por parte de grandes empresas, luego de que la empresa no consultara adecuadamente a la comunidad; el caso Sinangoe fue citado como precedente en el juicio. La comunidad U’wa de Colombia también recurre a la jurisprudencia de Sinangoe en su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde buscan justicia por la falta de protección de sus derechos de propiedad ancestral frente a múltiples actividades extractivistas.
En segundo lugar, el precedente es importante porque ayuda a garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en la realidad, no solo en la teoría. Tanto en Ecuador como en otros países del mundo, este derecho ha sido considerado como voluntario y no obligatorio para las empresas extractivistas y organismos estatales, por lo tanto, es un derecho que ha sido constantemente vulnerado. En las ocasiones en que se ha realizado la consulta, comúnmente se aplica como un proceso informativo a las comunidades sobre los proyectos a desarrollar en sus territorios, sin respetar sus derechos ni decisiones.
Sin embargo, el precedente de Sinangoe también enmarca claramente la consulta como consentimiento, otorgando a las comunidades el derecho de rechazar o vetar proyectos extractivistas. Además, el precedente obliga a las empresas y los Estados a respetar las decisiones de las comunidades indígenas.
En tercer lugar, el caso de Sinangoe es importante porque es un precedente crucial para ayudar a proteger los ecosistemas biodiversos. Estos ecosistemas, por el carbono que absorben y los ciclos de vida que nutren, son indispensables para combatir la emergencia climática global. Las comunidades indígenas, a través de su conocimiento ecológico, así como su manejo y cuidado de sus territorios, son guardianes de alrededor del 80% de la biodiversidad de nuestro planeta. La supervivencia digna de las comunidades indígenas, y de los territorios que sostienen, depende de que mantengan el poder de decidir sobre sus propios territorios. Todas las comunidades tienen derecho a decir “no” a los proyectos extractivistas en – o que afecten- sus propios territorios. El precedente legal de Sinangoe definido por la Corte Constitucional de Ecuador reafirma este derecho y contradice directamente la posición del Ministerio de Energía de Ecuador, que había otorgado las concesiones para la minería de oro en primer lugar. Los intentos futuros de establecer proyectos extractivistas en territorios indígenas tendrán que apegarse a las normas de esta sentencia. En este sentido, el precedente sirve como un poderoso instrumento para proteger territorios de alta biodiversidad en el futuro.
Una familia A’i Cofán de Sinangoe en su territorio ancestral en la Amazonía ecuatoriana, en uno de los afluentes amazónicos más importantes del país
III. ¿Cómo se logró esto?
Las victorias legales de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe derivan de una larga historia de riguroso seguimiento, lucha, innovación, y resistencia frente a los intereses coloniales y extractivistas.
En 2017, los A’i Cofán de Sinangoe establecieron su propia ley y Guardia Indígena, organizadas para proteger su territorio de la actividad extractivista invasiva. Además, en colaboración con la Alianza Ceibo y Amazon Frontlines, la comunidad de Sinangoe llevó a cabo un proyecto de monitoreo, utilizando tecnología avanzada, desde cámaras trampa hasta drones e imágenes satelitales, para recopilar datos de alta calidad sobre su territorio que informan los procesos para defender su territorio. La meticulosa evidencia del monitoreo y mapeo comunitario, capturando ejemplos de extracción ilícita, ayudó a la comunidad a demostrar el alcance de la minería ante los tribunales ecuatorianos.
El desarrollo de la Guardia Indígena se nutrió del resurgimiento de prácticas culturales, como el consumo ritual de yagé con los ancianos y sabios. Como señaló en 2018 el líder A’i Cofán, Alex Lucitante: “Primero surgió la lucha y luego la recuperación cultural, y ahora todo esto continúa.” A través de rituales de yagé, de la construcción de una casa ceremonial, y del diálogo comunitario, la comunidad aumentó su propia unidad y fuerza.
Al descubrir por primera vez la minería ilegal que se desarrollaba en su territorio con autorización del estado, la comunidad comenzó a involucrar a cada uno de sus miembros, consolidando un proceso orientado al fortalecimiento comunal y a la protección permanente de su hogar en la selva. Todos en la comunidad, desde niños hasta jóvenes y ancianos, participaron en función de la comprensión de su cultura y territorio. Como explica la abogada María Espinosa, “Fue y sigue siendo un proceso que no fue apresurado. Fue diseñado para comprender, atender, e incorporar todas las perspectivas y conocimientos que tienen los diversos miembros de una comunidad. Fue una estrategia no solo para presentar un caso legal, sino un proceso colectivo para comprender la profundidad y amplitud de sus propios derechos.”
Desde ese lugar de poder colectivo, los A’i Cofán de Sinangoe – apoyados por Alianza Ceibo y Amazon Frontlines – desarrollaron una campaña de litigio estratégico de largo plazo. Se llevaron a cabo reuniones comunitarias periódicas, se difundieron noticias, y se asignaron tareas relevantes para la campaña legal de manera eficiente en toda la comunidad.
Las victorias legales en torno a Sinangoe también fueron encabezadas por jóvenes líderes A’i Cofán, como Alexandra Narváez y Alex Lucitante, quienes recibieron conjuntamente el prestigioso Premio Goldman en 2022. Ellos representan una nueva generación líder y pionera, comprometida con la protección de su territorio, que alimenta la prosperidad cultural de sus pueblos y asegura que las mujeres estén en primera línea.
Tres años después del inicio del proceso legal, como testimonio del poder organizativo de la comunidad, en noviembre de 2021, cinco jueces de la Corte Constitucional viajaron a las profundidades del norte de la selva amazónica hasta Sinangoe. Por primera vez en la historia jurídica de Ecuador, el máximo tribunal del país realizó una audiencia en territorio indígena. Esto permitió a los jueces conocer de primera mano el territorio ancestral de Sinangoe, y permitió que toda la comunidad estuviera presente y fuera escuchada, además de unos 300 líderes indígenas de toda la Amazonía y el país.
Niños de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe presentando sus testimonios ante los jueces de la Corte Constitucional, exigiendo que sus ríos se mantengan sanos y sus bosques protegidos, noviembre 2021
IV. ¿Qué hay que hacer ahora para apoyar el Derecho a Decidir?
Un año después de la emisión del fallo, es tiempo de garantizar que se implemente este precedente. Hoy en día, todavía hay muchos proyectos extractivistas en territorios indígenas en Ecuador y en toda la Amazonía. Además, se están planificando más proyectos sin consentimiento y en violación de múltiples derechos indígenas. El 70% de territorios indígenas de Ecuador está concesioando a empresas petroleras y mineras.
La brecha entre los derechos sobre el papel y los derechos en la realidad sigue siendo demasiado grande. A pesar del precedente, la comunidad A’i Cofán sigue exigiendo que se aplique la sentencia de la Corte Constitucional, que los organismos correspondientes cancelen todas las concesiones, y que haya reparación de derechos y de la selva. La propia comunidad de Sinangoe regresó a Quito en septiembre de 2022 para presentar una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, exigiendo que se aplique lo dictaminado. Otras comunidades, como los Waorani, que obtuvieron victorias legales contra las concesiones petroleras en 2019, también están exigiendo la implementación efectiva de sus sentencias.
Es hora de hacer cumplir la Constitución y estos derechos. Como dijo Alexandra Narváez frente a la Corte Constitucional, “esta es una lucha milenaria de nuestros antepasados. Hoy como mujeres, como jóvenes, estamos diciendo que no queremos minería, queremos vida, y un futuro para nuestros hijos y todos los niños. Todos estamos conectados a través de los territorios.”
Juntos, a través de nuestras alianzas y conexiones, podemos ayudar a proteger los derechos de las comunidades indígenas a sus territorios y sus formas de vida.
