Puyo, Pastaza, Ecuador, miércoles, 23 de julio de 2025.- Hace cinco días, la Organización Waorani de Pastaza alertamos por la posible deselección del Caso 1296-19-JP en la Corte Constitucional de Ecuador, una preocupación constante desde hace cinco años, cuando el caso fue seleccionado para su revisión y generar jurisprudencia vinculante sobre el derecho a la autodeterminación y consentimiento previo, libre e informado.
Aunque el 18 de julio, durante la sesión de sala de revisión el caso Waorani no fue deseleccionado, tampoco ha existido la voluntad de emitir una resolución lo que nos sigue dejando en estado de indefensión a pueblos indígenas de reciente contacto y amenazados por las intenciones extractivistas del Estado y las empresas.
Durante este tiempo, hemos realizado al menos seis viajes hasta la ciudad de Quito para exigir a la Corte Constitucional un pronunciamiento de fondo que garantice nuestros derechos colectivos, escuche nuestras voces y respete nuestras formas propias de organización y toma de decisiones.
¿Por qué el Juez Richard Ortiz sigue guardando silencio sin resolver la causa? Lo seguimos esperando en nuestro territorio para que escuche la voz de nuestras autoridades ancestrales en el ejercicio de nuestros derechos como pueblos indígenas.
Es hora de que la Corte Constitucional salga de sus escritorios y escuche directamente a las autoridades ancestrales Waorani, a nuestros Pikenani, en nuestro territorio ancestral. Solo desde una escucha real y en condiciones de interculturalidad puede existir justicia para los pueblos y nacionalidades indígenas.
Nuevamente nos dirigimos al Juez Richard Ortiz y a todos los jueces de la Corte Constitucional con un mensaje claro: no estamos solos en esta lucha. Otras nacionalidades indígenas de la Amazonía Sur —como los pueblos Andoa, Shiwiar, Shuar, Achuar, Kichwa y Sápara— han hecho oír su voz mediante la presentación de amicus curiae. Estas comunidades también fueron víctimas de la vulneración de derechos por parte del Estado en procesos extractivos impulsados sin consulta previa, causando daños profundos en sus tejidos sociales y culturales.
Hasta el momento, se han ingresado al menos 19 amicus curiae a la Corte, presentados por pueblos indígenas, organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, académicos, y Relatoría de Naciones Unidas.
Todos coinciden en la urgencia de que se emita una sentencia que siente un precedente jurídico vinculante progresivo y no regresivo en derechos, que garantice nuestra supervivencia —pensado desde el florecimiento de nuestra cultura, autonomía y autogobernanza, entre otros— y que los procesos de consulta no sean meros trámites, sino que su propósito sea el consentimiento y que sean los suficientemente flexibles para adaptarse a la realidad de cada comunidad.
La sola posibilidad de que nuestro caso sea deseleccionado por la Corte Constitucional, sería un grave retroceso y seguiría poniendo en riesgo los derechos de al menos siete nacionalidades indígenas de la Amazonía centro sur. Nuestros territorios ancestrales están hoy amenazados por la intención del gobierno de promover una nueva subasta petrolera, que busca concesionar cerca de 3,5 millones de hectáreas de territorios indígenas, pese a nuestra clara oposición como pueblos que siempre hemos habitado y protegido la selva, nuestro hogar.
Nos mantenemos en pie de lucha.
La Corte aún tiene la oportunidad histórica de escuchar las voces de la selva.
