“El Río Coca era un río que daba sustento” dice Mery Jipa, una mujer indígena de la Comunidad Kichwa de San Pablo, asentada a las orillas de este río amazónico donde la pesca es más difícil y los cultivos que riega apenas si dan fruto desde el 7 de abril de 2020, cuando más de 15 mil barriles de crudo de petróleo fueron vertidos en los ríos Coca y Napo, tributarios del Amazonas, en el derrame de petróleo más grande ocurrido en los últimos 18 años en la Amazonía ecuatoriana.
Los ríos son fuente de vida para los pueblos indígenas, de estos depende su acceso al agua, a su alimentación a través de la pesca y de tierra que se cultiva y es regada por el río, depende su recreación, su espiritualidad e identidad como nacionalidad Kichwa. Por ello, cuando los ríos son contaminados el daño es multidimensional, porque profundiza condiciones de vida ya complejas y amenaza a uno de los ecosistemas cruciales para el sostenimiento de nuestro clima compartido.
“Nuestros hijos reclaman día a día por la contaminación que pasa en el río: ya no se pueden bañar, ya no se pueden alimentar, hoy encontramos enfermedades en todo el pueblo de la nacionalidad kichwa ecuatoriana de la provincia de Orellana, de los ríos Coca y Napo”.
Rafel Yumbo
Presidente de la Federación de Comunas Unidas de Nacionalidad Kichwa de la Amazonía. Ecuatoriana- F.C.U.N.A.E
A aquel desastre ambiental se le sumó la indolencia de la justicia ecuatoriana, que ignoró los reclamos de las 105 comunidades ribereñas quienes se organizaron, se movilizaron y acudieron a los tribunales para demandar justicia, medidas de protección para la población y para que los hechos no vuelvan a ocurrir, y reparación por la vulneración de sus derechos al agua, a la salud, a la alimentación y a los derechos de la naturaleza, vulneraciones que persisten hasta la actualidad.
“Nos acusaron de querer plata” narra Verónica Grefa, una joven líder Kichwa de la Comunidad de Toyuca, recordando el trato que recibieron por parte de los jueces que favorecieron los intereses empresariales de Petroecuador y Oleoducto de Crudos Pesado – OCP, empresa encargada de operar el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano – SOTE cuya ruptura provocó el derrame. Pero además, los jueces llegaron a criminalizar a dirigentes y personas defensoras que acompañaron esta lucha, entre ellas a nuestra compañera, abogada de Amazon Frontlines, María Espinosa y Vivian Idrovo, de la Alianza de Organizaciones por los derechos humanos, de la cuál Amazon Frontlines forma parte.
Para María Espinosa no hay otra manera de calificar la actuación de los jueces como racista: “comparas lo que dice la empresa y el Estado, de que el daño ha sido remediado, con lo que dicen especialistas respecto a la imposibilidad de que ese río se regenere a corto plazo, ¿y los jueces declaran que no hubo vulneración de derechos? Eso solamente ocurre en el marco de un Estado colonial y racista que está decidido a sacrificar las vidas indígenas, si esto ocurriera en la ciudad, la respuesta sería inmediata y eficiente”.
“El Río Coca se encuentra totalmente destruído, estamos totalmente sin alimentación, estamos pasando escasez de alimentos en muchas familias, lo digo porque no podemos pescar en el Río Coca, no hay carachama, no hay bocachico, no hay bagre, no hay mota, todas esas especies se nos terminó, a la orilla del río habitaban enchíparos, habitaban garzas, habitaban capibaras en las islas ahora ¿dónde se perdieron esos animales?, se nos murieron esos animales.”
En 2021, las comunidades recurrieron al tribunal más alto del país, la Corte Constitucional del Ecuador, para que se pronuncie sobre la evidente vulneración de derechos, pero han pasado tres años desde que el caso está en manos de la jueza Daniela Salazar, sin un pronunciamiento. Mientras el tiempo pasa, nuevos derrames por rotura del SOTE han ocurrido afectando a la misma cuenca hidrográfica, uno en enero de 2022 y otro en marzo de 2024.
Crédito Foto: Corte Constitucional del Ecuador.
El pasado 20 de febrero de 2024, lejos de su hogar, parados sobre el asfalto, bajo la lluvia y frente al edificio del Corte Constitucional en la ciudad de Quito, permanecía un grupo de 150 personas, representantes de las comunidades, levantando la voz contra la injusticia, contra la contaminación y porque se protejan a uno de los ecosistemas más ricos del planeta.
“No tenemos con qué alimentar a nuestros hijos ahora, todo el alimento que teníamos podíamos coger del río, de la ribera, ahora no podemos ni sembrar el plátano, la yuca el maíz porque todo está contaminado”.
Alex Siquihua
comunidad Huayusa
Ribera del Coca
El tiempo corre para estas comunidades ya que en pocos meses, en julio de 2024, la empresa OCP traspasará el manejo del SOTE al Estado ecuatoriano, haciendo aún más difícil la rendición de cuentas frente a los derrames de petróleo que han venido sucediendo y a una impunidad favorecida por el Estado. Por ello, el pronunciamiento de la Corte es necesario y urgente.
“La Corte puede ordenar que el caso sea juzgado de nuevo, pero también puede ampliar su análisis y como máximo ente de garantía de derechos, ordenar que se tomen las medidas necesarias para que se garantice la protección de esas 27 mil personas víctimas del derrame y que estos gravísimos hechos no vuelvan a ocurrir”.
María Espinosa
Defensora de Derechos Humanos
y abogada de Amazon Frontlines.
