Hoy se conmemora un trágico aniversario en la Amazonía ecuatoriana. Un año atrás, el 7 de abril, en el pico de la pandemia de COVID-19, un masivo derrame de petróleo golpeó a los territorios indígenas a lo largo de los ríos Napo y Coca, en la biodiversidad de la región de las cabeceras de la Amazonía ecuatoriana. Trescientos sesenta y cinco días han transcurrido, y aún 27,000 personas del pueblo Kichwa siguen sin acceso de comida y agua fresca, con riesgo de nuevas rupturas en los oleoductos. Para resaltar este penoso aniversario, cientos de indígenas están movilizándose hacia la ciudad amazónica del Coca para presionar a la justicia y obtener una reparación ambiental respecto del peor desastre petrolero en el Ecuador en los últimos quince años.
Los intereses económicos industriales continúan ocultando las voces, derechos y reclamos del pueblo indígena Kichwa afectado, cuyos ríos son su modo de subsistencia. Hace menos de dos semanas, la Corte Provincial de Orellana en Ecuador, rechazó el recurso de apelación de la sentencia en primera instancia de la demanda presentada por 105 comunidades indígenas, organizaciones indígenas y organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentra Amazon Frontlines, en contra del estado ecuatoriano y las empresas petroleras responsables del derrame de petróleo. Al negar la justicia (nuevamente) al pueblo Kichwa, las cortes ecuatorianas están fallando a las poblaciones que han jurado proteger, actuando en beneficio del interés de la industria de los combustibles fósiles. Esta decisión contraviene la innovadora Constitución del país al ser incapaz de salvaguardar los Derechos de la Naturaleza, y socava las obligaciones gubernamentales de garantizar los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.
El caso Kichwa revela una vez más la influencia de la industria petrolera sobre la rama judicial del Ecuador y su complicidad en la impunidad de las corporaciones, señala violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas, y racismo sistémico. A pesar de la abrumadora evidencia presentada por los demandantes indígenas, expertos y abogados, y una clara negligencia del gobierno y las compañías petroleras para responder adecuadamente, la sentencia de Corte Provincial de Orellana se alineó con los intereses políticos y económicos y abandonó a los Kichwa, dejándolos en un gran riesgo permanente.
Aún más, el mismo juez que falló en contra de la demanda de los pueblos Kichwa recientemente presentó una demanda penal en contra de los demandantes y los defensores de derechos humanos que manejaron el caso. Hoy, el líder kichwa Carlos Jipa y la abogada de Amazon Frontlines María Espinosa, entre otros, serán obligados a testificar en la Corte Provincial de Orellana sobre la base de acusaciones sin fundamento de instigar a la “inestabilidad social” a través de la organización de marchas, movilizaciones y presencia en los medios sociales de comunicación demandando justicia para los Kichwa. El peligroso mal uso del sistema judicial del juez Jaime Oña ha perseguido y criminalizado tanto a las víctimas como a los defensores de derechos humanos y envía el estremecedor mensaje de que las cortes ecuatorianas no son un lugar seguro para buscar justicia. Grupos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, y la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador denunciaron las acusaciones criminales del juez Oña, y se comprometieron a apoyar en la lucha contra los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente.
La injusticia en el caso de los Kichwa lamentablemente no es una anomalía en el país. El derrame del 7 de abril de 2020 se inscribe dentro de un doloroso legado de más medio siglo de contaminación petrolera y violencia en contra de los Pueblos Indígenas, que se extiende hasta el descubrimiento de petróleo en la región norte de la Amazonía ecuatoriana en los años sesenta. Pero este derrame golpeó en medio de la pandemia por COVID-19, lo que intensificó terriblemente las amenazas a la supervivencia de las comunidades indígenas.
Hay numerosos casos legales presentados por los pueblos indígenas de la Amazonía contra los abusos de la industria petrolera, que siguen en curso en Ecuador. Entre ellos se encuentra una batalla legal de 25 años contra el gigante petrolero Chevron-Texaco y la demanda del pueblo Waorani contra las empresas petroleras responsables del derrame en el río Shiripuno en noviembre de 2020. Aunque la justicia tarda en llegar en muchos casos, el movimiento indígena de Ecuador ha dado grandes pasos para promover los derechos de los indígenas en el país en los últimos años y ha conseguido varias victorias legales sin precedentes en contra de los intereses de la industria. Desde la victoria del pueblo Waorani contra las grandes petroleras, pasando por la victoria de los Kofán de Sinangoe contra la minería del oro, hasta la más reciente sentencia histórica contra la práctica de la industria petrolera de quemar gas. Son una serie de victorias que atestiguan la resistencia y el poder de los pueblos indígenas para proteger la Amazonía y nuestro clima del colapso.
Las comunidades Kichwa afectadas por el derrame de petróleo se mantienen unidas y decididas a luchar. En las siguientes semanas, cuando los ecuatorianos regresan a las urnas para escoger su nuevo Presidente, el pueblo Kichwa llevará su caso a la Corte Constitucional y escalará su demanda de justicia. Muchos pueblos indígenas temen que los dos candidatos presidenciales aumenten sus esfuerzos para reactivar la economía ecuatoriana, que está muy endeudada, mediante la expansión de proyectos de extracción petrolera y minera, en los territorios indígenas de la Amazonía.
Como gran parte del mundo, Ecuador se encuentra ante una disyuntiva moral y ecológica en el camino. ¿Los dirigentes del país se reafirmarán en la destrucción y el atropello de los derechos de los indígenas, o iniciarán una nueva era de justicia aplicando la Constitución y adoptando una conservación liderada por indígenas de su recurso más preciado, la Selva Amazónica?
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