Líderes y lideresas de los pueblos indígenas originarios transfronterizos A’i Cofán, Siona, Siekopai, Andwa y Wampis de la Amazonía de Ecuador, Perú y Colombia, junto a AIDESEP y miembros de Amazon Frontlines y Amazon Watch, participaron, de forma presencial y virtual, en una audiencia regional convocada el pasado 15 de noviembre por la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 191 periodo ordinario de sesiones, llevada a cabo en Washington DC. Esta audiencia se celebró con el propósito de dar a conocer las graves violaciones sistemáticas y multidimensiones a los derechos a la libre determinación, al territorio, al autogobierno, al consentimiento previo, libre e informado y los riesgos para la vida y la integridad, cometidas por las acciones y omisiones de los estados y por otros actores criminales e ilegales,que han colocado a los Pueblos y Naciones Originarias transfronterizos en grave riesgo y vulnerabilidad, incluyendo a los pueblos no contactados.  

Durante la audiencia, los líderes y lideresas expusieron ante los Comisionados cómo históricamente los pueblos A’i Cofán, Siona, Siekopai, Andwa, Shuar y Wampis  quedaron divididos por las fronteras internacionales impuestas sobre sus territorios y los continuos desplazamientos y despojos que han sufrido. Explicaron cómo las fronteras son una ficción que ha servido para justificar dinámicas de explotación y extracción de recursos, de guerras y conflictos que dividieron y separaron a las familias indígenas.  

Además, explicaron que en la actualidad, a pesar de los obstáculos impuestos por las fronteras, las comunidades y pueblos originarios transfronterizos mantienen dinámicas que procuran mantener viva la cosmovisión y cosmogonía que han heredado de sus abuelos y abuelas y que se encuentra en el conocimiento de la selva, de las plantas y de la espiritualidad. 

Asimismo, enfatizaron en la necesidad de dejar de llamarlos “binacionales” o “transnacionales”, pues estos términos  continúan poniendo énfasis en la lógica estatal y no en los pueblos como sujetos de derechos transfronterizos, como lo garantiza el derecho a la libre determinación en los términos del artículo 32 del Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales. 

En el diálogo con los Comisionados Arrif Bulkán y Edgar Ralón, relatores de pueblos indígenas y personas privadas de libertad, respectivamente, los líderes y lideresas resolvieron interrogantes sobre la realidad que viven estos pueblos y los miembros de la sociedad civil establecieron peticiones y recomendaciones específicas. 

Compromisos de la CIDH

Los Comisionados Edgar Ralón y Arif Bulkan -este último Relator específico de Pueblos Indígenas- expresaron su preocupación por la situación de los pueblos originarios transfronterizos. Asimismo, ratificaron su compromiso por  tomar en cuenta a los pueblos transfronterizos en el sistema de monitoreo de la CIDH y en avanzar en recomendaciones encaminadas a visibilizar su situación sistemática y multidimensional de violación de derechos. También indicaron la necesidad mantener reuniones posteriores para profundizar en las diferentes temáticas expuestas, recibir información directa desde los territorios y avanzar en un enfoque sobre pueblos transfronterizos basados en la libre determinación.

Violación de derechos económicos, sociales y culturales: empobrecimiento y marginación de la población ubicada en zona de frontera

Durante la audiencia, los pueblos denunciaron cómo los Estados no tienen registros y/o censos actualizados sobre la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, y la población existente; y que además, los pocos datos existentes muestran que la población ubicada en zona de frontera es víctima del olvido y la desatención estatal, con altos niveles de pobreza y falta de acceso a educación, salud, alimentación y servicios básicos.  

Violación de derechos territoriales: arrinconamiento y despojo territorial  

Los líderes y lideresas expusieron cómo los Estados de Colombia, Ecuador y Perú históricamente establecieron mecanismos administrativos y legales para arrinconar a los pueblos indígenas, limitando sus derechos territoriales; incluso hasta la actualidad, los pueblos tienen que realizar largos y engorrosos procesos administrativos y judiciales para solicitar la ampliación, saneamiento, y restitución de derechos territoriales. 

A través de ejemplos de casos concretos, demostraron a la CIDH cómo la creación inconsulta de áreas protegidas, reservas naturales y otras formas de conservación estatal generaron despojo territorial, y limitaron sus derechos al autogobierno y la libre determinación. Señalaron que los Estados generaron sistemas de gestión territorial que desconocen la autoridad de los pueblos indígenas. 

Violación del derecho al consentimiento, previo, libre e informado: extractivismo petrolero y minero

También denunciaron que los Estados en conjunto han establecido históricamente modalidades de extractivismo y que sus daños no han sido reparados, como fue el boom de la extracción petrolera a partir de la segunda mitad del siglo XX. Incluso señalaron ejemplos de acuerdos internacionales celebrados por los estados para la extracción y transporte de petróleo, en lugar de generar acuerdos para proteger a los pueblos como establece el art. 32 de la OIT. Además denunciaron las intenciones de  impulsar nuevas licitaciones petroleras en Ecuador y Perú, sin la consulta y consentimiento de los pueblos y el impulso de proyectos de minería a gran escala mediante alianzas entre empresas y gobiernos nacionales generando serias afectaciones a las comunidades y la ruptura del tejido social. 

Riesgos para la vida e integridad por dinámicas vinculadas a economías ilícitas 

En la audiencia se hizo un llamado para proteger la vida de los pueblos, pues se demostró que las fronteras son sitios que sirven para la evasión, refugio y operación de grupos y estructuras armadas criminales e irregulares. La persistencia del conflicto armado colombiano ha generado datos alarmantes sobre amenazas, asesinatos, desplazamiento y confinamiento de comunidades indígenas, en especial de líderes, defensores/as de derechos humanos, y las Guardias Indígenas. Se explicó que este conflicto se ha extendido a Ecuador generando violencia por la disputa de rutas para el narcotráfico y el control de sitios para minería. Incluso en la frontera entre Ecuador y Perú hay dinámicas vinculadas a grupos armados que buscan ingresar a los territorios para hacer minería. 

Situación de pueblos indígenas en aislamiento voluntario 

En la audiencia también se puso énfasis en el riesgo exacerbado que tienen los pueblos indígenas en aislamiento voluntario transfronterizos, cuya falta de acciones oportunas y coordinadas entre  los Estados aumentan las presiones sobre sus territorios, que los obligaría al contacto y a la extinción de sus pueblos. 

Demandas y peticiones ante la CIDH 

Los y las peticionarias de la audiencia temática solicitaron a la Comisión Interamericana, que:

  • La CIDH en uso de sus facultades establecidas en el artículo 41 de la CADH, realice estudios e informes específicos sobre las graves vulneraciones de pueblos transfronterizos.
  • La CIDH avance en el desarrollo de un enfoque sobre pueblos originarios transfronterizos basado en la libre determinación.
  • Dado que ya en el año 2021 la CIDH estableció preocupaciones específicas sobre pueblos transfronterizos, luego de que han transcurrido tres años, la CIDH  requiera información y rendición de cuentas a los Estados sobre la situación de los pueblos originarios transfronterizos fragmentados por las fronteras entre Ecuador, Colombia y Perú; así como de los planes y programas extractivos que se pretenden adelantar, y sobre zonas afectadas por el conflicto armado colombiano, el crimen organizado transnacional vinculado a actividades de minería, narcotráfico, tala de madera. En particular, cuáles son los planes de coordinación, cooperaciones y consulta para enfrentar dichas amenazas de esos pueblos.
  • Se promueva que los Estados desarrollen mecanismos coordinados para garantizar la libre determinación de los pueblos originarios transfronterizos, para proteger sus territorios, sus prácticas culturales y modos de vida. 
  • Se coordine y ejecute medidas de prevención y respuesta al incremento y avance del crimen organizado y economías ilegales, en diálogo y consulta de los pueblos originarios transfronterizos, en consideración a sus propios procesos de gobernanza propia y autoridad propia que vienen ejecutando estos pueblos. 

Durante diciembre y enero del siguiente año, las organizaciones y pueblos originarios transfronterizos tendrán una serie de reuniones virtuales con diferentes comisionados quienes, a su vez, se encuentran a cargo de dirigir relatorías temáticas específicas como son la de defensoras y defensores de derechos, pueblos indigenas, derechos económicos, sociales y culturales, entre otras, para profundizar en las demandas de los pueblos expuestas en la audiencia regional del pasado 15 de noviembre.  

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