Ese mismo día, más adentro en el territorio, fuertes lluvias golpearon a la Provincia de Esmeraldas, ubicada en la costa norte del Ecuador, y que se extiende desde las playas hasta los bosques tropicales. Las fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra, ocasionando que se rompiera el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Durante las horas que les tomó a los trabajadores detectar la ruptura y cerrar la válvulas del oleoducto, casi 4 millones de litros de petróleo crudo se vaciaron a chorros en el Río Esmeraldas.
El crudo se esparció por más de 80 kilómetros corriente abajo antes de llegar al océano, y afectó a otros dos ríos (el Caple y el Viche), a nueve playas y a más de 283 hectáreas, según Petroecuador, la petrolera estatal. Un estimado de medio millón de personas se quedaron sin agua potable y expuestos a gases tóxicos; fue toda una crisis humanitaria.
La crisis incluso se profundizó a medida que pasaban los días y las semanas. Con los ríos, las tierras cercanas y la costa, todos envenenados, miles de personas perdieron sus trabajos; el turismo se canceló, las pesca disminuyó drásticamente, y el ganado murió. El petróleo alcanzó el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas. A lo largo de los más de ochenta kilómetros del derrame, miles de especies y ecosistemas enteros enfrentaron un riesgo extremo.
Pocas semanas después del derrame, Héctor Pincay le contó a un reportero de Mongabay que había perdido sus cosechas, su ganado, su capacidad para trabajar y sus fuentes de alimento. Había gastado cientos de dólares en visitas al médico y medicamentos para recuperar su visión. Su vida nunca sería la misma. Y la historia de Pincay es solo una de muchas, un vistazo a lo que cientos de miles de personas enfrentan cada vez que hay un derrame de petróleo, porque este no es un incidente aislado. Esta es la extracción petrolera en la Amazonía.
Video: Thomas Worsdell
Irresponsable Extracción Petrolera
Entre 2015 y 2021, hubo al menos 899 derrames petroleros tan solo en el Ecuador, la más pequeña de las naciones productoras petroleras. Esto es el equivalente a dos derrames por semana. Tan solo el oleoducto SOTE ha tenido al menos 77 derrames petroleros en sus 52 años de historia en operación— y esos son sólo los vertidos que se han registrado oficialmente. La cifra no incluye los derrames deliberados de petróleo y aguas residuales en las carreteras, ni los vertidos menores, a lo largo de los casi 500 km del oleoducto, que no llegan a los titulares. Aun así, sólo teniendo en cuenta la cifra oficial, el SOTE ha vertido más de 121 millones de litros de petróleo en ríos vírgenes, selvas tropicales y costas. Eso es casi tres veces más petróleo que el vertido en el desastre del Exxon Valdez, que fue uno de los derrames más grandes de petróleo de la historia de Estados Unidos.
Además, los derrames petroleros son solo uno de los problemas. Las compañías petroleras en la Amazonía destruyen ecosistemas para construir carreteras y oleoductos, rutinariamente vierten residuos tóxicos en los ríos y los entierran, con lo que matan la vida vegetal y animal, y el lixiviado de estos residuos tóxicos se filtra nuevamente hacia los ríos. Texaco, una de las primeras petroleras en operar en la Amazonía Ecuatoriana, infamemente conocida por haber dejado tras de sí un legado de contaminación, —derrames que la compañía nunca limpió, residuos tóxicos que Texaco, que posteriormente fue comprada por Chevron, vertió, escondió y mintió al respecto— condujo a una demanda legal de varias décadas y destruyó innumerables vidas, así como vastas extensiones de selva.
Y ahora el gobierno ecuatoriano y las grandes petroleras quieren volver a repetir la historia empecinados en redoblar su apuesta por este devastador legado. Están diseñando planes para expandir las operaciones petroleras en más de 3.500 hectáreas de selva amazónica, que son el hogar ancestral para siete nacionalidades indígenas, incluyendo a los últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario del Ecuador. ¿A cambio de qué será este sacrificio de un mundo natural invaluable, extenso e irremplazable, y de las personas y culturas que viven allí?
Ocho días de petróleo
Un reciente análisis por parte de nuestro equipo muestra que las reservas de petróleo que podrían ser encontradas en lo profundo de estas tierras boscosas ancestrales serían capaces de satisfacer las demandas globales por petróleo —de aviones, trenes y automóviles, plásticos, Inteligencia Artificial, y aire acondicionado—durante apenas ocho días. Este es el cálculo de la industria petrolera y de los especuladores que se lucran con su manejo.
En Amazon Frontlines hemos estado luchando en la Amazonía Ecuatoriana, junto con las comunidades y nacionalidades indígenas y defensores de Derechos Humanos y de la naturaleza, para procurar justicia y reparaciones por los derrames petroleros. El reciente derrame en el Río Esmeraldas y la rapidez con la que causó daños irreparables —a la visión y la vida de Héctor Pincay, a las granjas que ha contaminado y los ecosistemas en los que se ha filtrado— es un recordatorio urgente de la necesidad de vincular estas luchas por la justicia y la responsabilidad de las empresas con las amenazas que se avecinan.
Debemos parar la expansión ilegal, forzada y violenta de esta industria tóxica destructora del clima, la vida, las culturas y los territorios, hasta los últimos confines de la selva prístina amazónica. Podemos lograrlo asegurándonos primero de que las compañías petroleras no tengan garantizada la impunidad por la devastación que inevitablemente causarán.
Combatiendo la Impunidad Petrolera
El 7 de abril de 2020, mientras los gobiernos de todo el mundo imponían aislamientos para intentar controlar la propagación del Covid-19, tres oleoductos colapsaron en el Río Coca, provocando una pesadilla dentro de otra pesadilla para miles de familias indígenas en el noreste de Ecuador. Justo cuando a los ecuatorianos que se les ordenaba quedarse en casa, decenas de miles de personas fueron despojadas de sus fuentes de agua, de alimento, recreación, aseo y de subsistencia. El derrame vertió más de 2.5 millones de litros de petróleo en los ríos Coca y Napo, afectando indirectamente a unas 120.000 personas y de manera directa a más de 27.000, la mayoría de ellos pertenecientes a comunidades y comunas del Pueblo Kichwa.
La erosión acelerada a lo largo de las orillas del Río Coca, que provocó el colapso de los oleoductos OCP, Poliducto y SOTE, fue el resultado de otra inversión gubernamental irresponsable. En 2010 comenzó la construcción de la represa hidroeléctrica Coca Codo Sinclair financiada por el gobierno chino. La represa comenzó a operar en 2016, pese a las protestas y los numerosos informes de impacto socio ambiental que advertían que la erosión aumentaría corriente abajo de la represa, poniendo directamente en peligro a comunidades, carreteras, puentes (como este que colapsó en octubre de 2020), y oleoductos.
A pocas semanas del derrame petrolero del 7 de abril, Amazon Frontlines, junto con la Federación Interprovincial de la Comunas y Comunidades Kichwas de la Amazonía Ecuatoriana, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, los vicariatos de las diócesis de las provincias de Sucumbíos y Orellana, y 120 personas afectadas por el derrame petrolero presentaron una demanda legal contra el gobierno ecuatoriano, Petroecuador, y OCP, una empresa privada de oleoductos.
La demanda alegaba que los enormes daños ambientales, comunitarios y personales causados por el derrame petrolero pudieron haberse evitado. Los ministerios del gobierno, Petroecuador y OCP fueron todos advertidos sobre las inestabilidades de la región, en particular sobre el aumento de la erosión provocado por la represa Coca Codo Sinclair. El colapso de la Cascada de San Rafael en febrero de 2020, a causa de la erosión, incluso generó una serie de advertencias específicas apenas dos meses antes del derrame. Sin embargo, ni el gobierno ni OCP tomaron medidas de precaución.
Incluso después del desastre, ni el gobierno ni las empresas tomaron medidas urgentes, y no proporcionaron a las comunidades afectadas acceso a agua ni alimentos, una situación que se agravó aún más por la pandemia de COVID-19. La demanda solicitó el suministro inmediato de ayuda humanitaria de emergencia, como agua potable y alimentos para las comunidades impactadas, una limpieza y reparación a largo plazo, y garantías de que se tomarían medidas para prevenir futuros desastres como este.
Cuatro meses después de presentada la demanda, el Juez Jaime Oña Mayorga de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Orellana convocó a una audiencia. Los demandantes del Pueblo Indígena Kichwa escucharon al Juez a través de un intérprete mientras este desestimaba su demanda y negaba las medidas solicitadas para las comunidades afectadas. Sin duda, hubo un derrame de petróleo, explicó el juez, pero los demandantes no habían presentado pruebas de que ese derrame hubiera vulnerado sus derechos.
Nuestra coalición de demandantes apeló inmediatamente, y seis meses más tarde, la Corte Provincial de Orellana, rechazó la apelación sin escuchar a los demandantes. Luego, el Juez Jaime Oña fue aún más lejos, utilizando el sistema legal para proteger a la industria petrolera por encima de los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos de la naturaleza, ambos protegidos constitucionalmente. Presentó una contrademanda retaliatoria contra varios abogados que representaban a las víctimas, entre ellos la Defensora de DDHH y miembro de AF Lina Maria Espinosa, y el líder Kichwa Carlos Jipa acusándolos de fomentar “inestabilidad social”.
El sistema legal volvía a ser utilizado para criminalizar a defensores de derechos humanos y había pasado a la ofensiva, pero nuestra coalición no retrocedió. Llevamos la demanda ante la Corte Constitucional, argumentando que tanto el derrame petrolero de 2020 como la negativa de los tribunales local y provincial a abordar el caso, constituían violaciones sistemáticas de derechos amparados por la constitución.
Más de cuatro años después de que el petróleo se derramara en los ríos Coca y Napo—petróleo que nunca fue limpiado ni por el Estado ni por las empresas responsables del derrame— la Corte Constitucional falló a nuestro favor. En noviembre de 2024, la Corte Constitucional reprendió a los jueces de instancias inferiores (aunque no a Jaime Oña Mayorga, quien ya había sido destituido por “negligencia manifiesta” en 2022). Además, declaró que las decisiones anteriores violaron los derechos de los demandantes al debido proceso, no analizaron legítimamente los aspectos centrales de la demanda, y no permitieron una participación real de las víctimas en el proceso judicial. La demanda regresó a la Corte Provincial.
Cinco años después del derrame el juez Clemente Paz Lara, de la Corte Provincial de Orellana, convocó a las partes a reactivar el proceso y fijó un diálogo intercultural para el 30 de junio de 2025. Sin embargo, el tribunal primero evadió el pedido de las comunas kichwas de que se realizará en su territorio. Luego, a tan solo cinco días del diálogo, lo aplazó abruptamente durante casi un mes y fijó su lugar fuera del territorio kichwa.
La demora de media década es indignante, sí, pero no nos detendrá. Al fin y al cabo, conocemos demasiado bien el ciclo de impunidad de las grandes petroleras:
Falsas promesas, devastación ambiental, desintegración comunitaria, enfermedades y muertes, seguidas de impunidad ante las violaciones, legados de contaminación, veneno y abandono total de responsabilidades a su paso. Luego, repiten el ciclo, muchas veces justo al lado.
Deteniendo el Saqueo Petrolero del Sur Oriente
En 2024, Daniel Noboa, el joven presidente de Ecuador y heredero de un imperio bananero, anunció sus planes para iniciar una nueva ronda de licitaciones petroleras en territorios indígenas, en lo profundo de la selva amazónica. El gobierno pretende extraer petróleo en catorce “bloques petroleros” designados, que abarcan 3.521.000 hectáreas de selva amazónica sana e intacta. Noboa está dispuesto a sacrificarlo todo para abastecer la demanda mundial de petróleo durante apenas ocho días. Ocho días que no enriquecerán al país, pero que, sin duda alguna, llenarán los bolsillos de unos pocos.
Para tener acceso a esos ocho días equivalentes de consumo petrolero, el gobierno dice que ya ha cumplido con la ley ecuatoriana al consultar con comunidades indígenas en esos territorios en 2012. Ese fraude de consulta, sin embargo, se probó que había sido inválida cuando trabajamos con los Waorani de Pastaza en obtener para ellos la victoria insigne en el tribunal en 2019.
Ahora, estamos fortaleciendo nuestro movimiento. El 13 de mayo de 2025, una delegación de autoridades y mayores indígenas marchó hasta la entrada de la Corte Constitucional en Quito para dar inicio a una nueva ronda de acciones de campaña para luchar contra la llamada “Ronda Petrolera Suroriente” el eufemismo del gobierno, para su plan ilegal de subastar territorios indígenas a empresas petroleras e iniciar un nuevo ciclo de saqueo, contaminación e impunidad.
Una guerrera Waorani, Wiña Omaca Boyotai, de casi noventa años, lideró a más de 120 miembros de su comunidad por las calles de Quito, mientras que la activista y actriz Jane Fonda, de 87 años, sorteaba el tráfico de Los Ángeles para llegar al consulado ecuatoriano. Ambas mujeres entregaron la misma carta, firmada por más de 80 personalidades mundiales, a representantes del gobierno ecuatoriano. En la carta, está claro lo que está en juego:
La carta hace un llamado a los jueces de la Corte Constitucional para que realicen audiencia en territorios indígenas, tal como lo exige el principio de interculturalidad en Ecuador. “Exigimos audiencias en nuestro territorio, con intérpretes culturales Waorani, para que los jueces comprendan que la consulta no es un formulario para llenar, es un pacto espiritual con la selva y las futuras generaciones,” dice Luis Enqueri, presidente de la Organización Waorani de Pastaza.
También se solicita a la Corte que emita un fallo que genere jurisprudencia vinculante, progresiva y novedosa sobre el Derecho a la consulta y al Consentimiento Libre, Previo e Informado y su relación con el derecho a la autodeterminación. Los jueces tienen la oportunidad de declarar que los únicos actores que pueden decidir qué sucede en los territorios ancestrales son los Pueblos y Nacionalidades indígenas.
Crear esta jurisprudencia progresiva, basada en la victoria legal de los Waorani en 2019, detendría de forma efectiva la Ronda Petrolera Suroriente antes de que empiece. ¿Cómo? Obligaría al gobierno a reiniciar el proceso de consulta sobre Consentimiento Libre, Previo e Informado en los territorios indígenas. Y las comunidades indígenas de la Amazonía suroriental han sido claras: No quieren actividad petrolera en su territorio. Quieren que sus bosques estén sanos, que vivan y que prosperen. “Nuestro territorio no está en venta y el mundo ya lo sabe”, afirma Enqueri. La Corte tiene el poder de asegurar que las decisiones de las nacionalidades indígenas no solo sean escuchadas, sino respetadas.
Sin embargo, no podemos quedarnos esperando a la Corte. Por eso nosotros, junto con nuestros aliados, seguiremos marchando, denunciando y buscando nuevas formas de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Este mismo mes, una delegación de líderes indígenas fue recibida en el Senado del Estado de California, con el apoyo de nuestra aliada de campañas internacionales, la organización sin fines de lucro, Amazon Watch. Allí, lograron que el Estado de California reconociera su dependencia del petróleo extraído de la Amazonía, dejando claro que la expansión de la ronda petrolera en el Amazonas solo causará más devastación y desastres.
Mientras seguimos presionando a la Corte por su veredicto y exigiendo cambios reales por parte de los gobiernos,debemos asegurarnos de que el mundo, como dice Enqueri, sepa que la Amazonía no está en venta. Le tomó cinco años a nuestra coalición lograr que se estableciera un diálogo de buena fe.Y ahora este ha sido postergado. Han pasado cinco años desde que la Corte Constitucional asumió el caso de los Waorani de Pastaza. En ese tiempo, más petróleo ha sido derramado, más territorios han sido amenazados. Casi una semana antes de la publicación de este ensayo, un nuevo derrame, previsible y evitable, volvió a ocurrir en la misma zona afectada en 2020. Si la Subasta Petrolera del Suroriente avanza, dentro de cinco años será radicalmente distinto. Y no queremos imaginarnos ese futuro, porque ya sabemos demasiado bien cómo luce.
Sabemos que no podemos retroceder en el tiempo para impedir la llegada de Texaco. No podemos detener la primera máquina que abrió paso a la represa Coca Codo Sinclair. Ni advertirle a Héctor Pincay que no se lave la cara con el agua del Río Esmeraldas, antes de que el río se tiña de negro y sus ojos se quemen. Pero lo que sí podemos hacer juntos es frenar la expansión de esta industria mortal hacia lo más profundo de la Selva Amazónica. No podemos seguir permitiendo que se sacrifique tanto por tan poco.
