Por Mitch Anderson
Un día, hace unos cuantos años, Romelia Mendúa estaba parada al frente de su casita en el territorio indígena A’i Cofán en la Amazonía del norte con una bolsa de comestibles. Representantes de Petroecuador, la compañía petrolera nacional del Ecuador, acababan de pasar por allí con aquel pequeño paquete de atención, tras haber volcado millones de barriles de crudo en el Río Aguarico. Mendúa miró dentro de la bolsa y vio arroz, pasta y aceite de cocina; las calorías vacías de la colonización. Fue insultante y doloroso: Muchos años antes, dos de los pequeños hijos de Mendua habían muerto en incidentes separados tras los derrames petroleros.
Esa es la lógica de la industria petrolera: sacar el petróleo del interior de la tierra y ponerlo en el mercado, a cualquier costo. Para quienes combaten la crisis climática, esta estrategia despiadada es agravada por simple geografía: los territorios que la industria petrolera está decidida a conseguir son los mismos que contienen los bosques, las personas y las culturas que podrían protegernos del daño que la crisis climática ya ha causado.
El mismo día en que Mendúa abrió el paquete de atención, caminaba yo con su esposo, Emergildo Criollo, a lo largo del río donde él habitualmente pescaba para alimentar a su familia. La memoria de haber cargado a sus hijos muertos pesaba sobre él mientras miraba la capa aceitosa del crudo sobre la superficie del agua. No podíamos verlo todo, pero podíamos sentirlo; en todo nuestro alrededor, los territorios boscosos arrasados, los campos petroleros, las estaciones de bombeo, los oleoductos, las carreteras y las barracas de la industria petrolera, rodeando las selvas remanentes de los territorios ancestrales de la nacionalidad A’i Cofán.
Hoy, años más tarde, el gobierno del Ecuador está lidiando con la deuda y con la inestabilidad económica y ve al petróleo como salvavidas. Con los vencimientos inminentes de anteriores préstamos de China, con Donald Trump y sus barones petroleros de nuevo tomando decisiones en los Estados Unidos, y los mercados energéticos mundiales cambiando, los funcionarios están ansiosos por asegurar nuevos ingresos petroleros. Se están entonces alistando para otra ronda de subastas petroleras, planeando adjudicar más de tres y medio millones de hectáreas de selva Amazónica a compañías petroleras multinacionales que son conocidas por dejar todo tipo de destrucción a su paso.
Petróleo en la Amazonía Ecuatoriana
La región de la Alta Amazonía, justo al oriente de los Andes ecuatorianos, contiene algunos de los territorios selváticos más prístinos, biodiversos y vibrantes del planeta. Millones de árboles absorben allí miles de toneladas de carbono de la atmósfera cada año. Es hogar para diez nacionalidades indígenas y para los pueblos Tagaeri y Taromenani, ambos viviendo en aislamiento voluntario. La región está repleta de vida.
También hay un vasto mar de petróleo bajo la Amazonía del norte. Los Waorani llaman a este mar subterráneo la sangre de sus ancestros. Esta, como la selva misma, es sagrada para ellos. Cuando las petroleras estadounidenses documentaron por primera vez estas reservas en 1964, Crillo era tan solo un niño y su gente cazaba jabalíes salvajes a lo largo de las playas de un extenso pantano de palmas morete. Las petroleras empezaron pronto a perforar allí como parte de una especie de fiebre, como la del oro en el viejo oeste. Finalmente, el pantano se convirtió en una aldea llamada Lago Agrio, llamada así por la ciudad natal de Texaco, Sour Lake, en Texas.
A medida que las petroleras extendían sus operaciones durante la segunda mitad del siglo XX, los indígenas A’i Cofán, Siona, Siekopai y muchas otras comunidades fueron rodeados por nuevas carreteras, pozos petroleros y pueblos construidos apresuradamente. Los Tetete, una pequeña nacionalidad indígena, que vivía en lo que es ahora la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, desapareció por completo. La región sucumbió ante nuevas enfermedades y altas tasas de cáncer. Actualmente, las provincias más productoras de petróleo en el país, Sucumbios y Orellana, sufren de pobreza endémica y altos niveles de deforestación. El tupido follaje que hacía eco a la selva ha sido reemplazado por el constante zumbido de las maquinarias.
Esta historia es ya bastante devastadora, pero lo que es aún peor es que en realidad, no ha sido relegada al pasado. Hace dieciocho años, el gobierno ecuatoriano les pidió a las naciones desarrolladas que le pagaran al Ecuador para no extraer petróleo en el Parque Nacional Amazónico del Yasuní. Parecía ser el comienzo de una nueva era, pero resultó que la industria petrolera, nacionalizada o privada, estaba empecinada en una mayor expansión. Cuando otros países fallaron en pagarle al Ecuador, el entonces presidente Rafael Correa envió a la petrolera estatal del Ecuador al interior del parque, con planes de perforar.
En 2012, Ecuador anunció una subasta de nuevos bloques en la selva prístina de la Amazonía, en un área de más de 4 millones de hectáreas. Dirigiéndose a una multitud de ejecutivos petroleros, el ministro de hidrocarburos de Ecuador se enfocó exclusivamente en el petróleo: Dijo que bajo la zona podría yacer una cifra que estaría entre 300 y 1.600 millones de barriles, en los territorios originarios de Pueblos Indígenas.
Pero la industria petrolera no se convenció. Las protestas indígenas asustaron a las grandes empresas petroleras y el gobierno demandó para sí una gran porción de las ganancias. La inversión necesaria para sacar el crudo de una densa selva pareció de repente ser demasiado alto. La subasta no tuvo éxito. Cuando el gobierno intentó nuevamente subastar los territorios en 2018, la gente indígena se volcó de nuevo a las calles. Y esta vez, fueron también hasta los tribunales.
Ecuador se prepara para lanzar una nueva ronda de subastas petroleras
En 2012, el gobierno de Correa aseguró haber cumplido con las leyes, ecuatorianas e internacionales, al llevar a cabo una serie de consultas en los territorios indígenas que estaban subastando. El gobierno dijo que había cumplido los requisitos de “consulta previa, libre e informada” entre la gente Waorani de la provincia de Pastaza, con el fin de perforar y extraer petróleo de esos territorios, a los cuales llamaron Bloque 22.
Lo que en realidad hicieron fue volar al interior de comunidades indígenas sin anunciarse, repartieron pan y gaseosas, le preguntaron a la gente si quería una nueva escuela y los invitaron a firmar listas de asistencia. Luego usaron esas firmas como prueba de que el gobierno les había consultado a las comunidades indígenas. Las personas que firmaron sus nombres ese día no escucharon nada acerca de que sus hogares serían subastados al mayor postor.
Nemonte Nenquimo, para entonces líder de la Organización Waorani de Pastaza, junto con otros cuatro mayores Waorani –Memo, Wiña, Omanka y Dika– y el equipo legal de la organización sin ánimo de lucro Amazon Frontlines, demandaron al gobierno. En 2019, tras años de batalla legal, ganaron una victoria emblemática que invalidó la “consulta” de 2012 y lograron efectivamente parar en seco la masiva subasta petrolera.
Desde entonces, la Corte Constitucional del Ecuador ha tenido la victoria de 2019 entre sus asuntos pendientes, para consagrar el derecho al “consentimiento libre, previo e informado” dentro de la constitución ecuatoriana. Cuando emita su veredicto, el Alto Tribunal podrá establecer parámetros para buscar el consentimiento. Estos podrían incluir elementos tales como el llevar a cabo asambleas en territorios con el adecuado aviso previo, en idiomas indígenas, y según las prácticas locales. Volar al interior sin ser anunciados, bajo falsos pretextos con hojas para llenar de firmas ya no les funcionará más. Pero la Corte no ha establecido su jurisprudencia, lo que significa que, pese a su victoria legal, los derechos de los Pueblos indígenas siguen estando sujetos al capricho de gobiernos y de la industria petrolera a los que les importan más las ganancias que la vida misma.
El actual presidente del Ecuador, vástago de una dinastía bananera, Daniel Noboa, lo sabe bien. Ecuador anunció recientemente su plan para iniciar otra “ronda petrolera”, eufemismo oficial para el complot de destrucción masiva de la selva Amazónica y de los pueblos indígenas que la llaman su hogar. El gobierno quiere perforar en catorce “bloques petroleros” designados a lo largo y ancho de más de 3 millones y medio de hectáreas de selva Amazónica intacta y saludable. Documentos oficiales que describen estos planes dicen que todas las comunidades indígenas en la zona han sido ya consultadas. ¿Y su prueba cuál es? Es aquella farsa de consulta que fue legalmente invalidada en 2019.
El gobierno del Ecuador sabe que su prueba no es sólida y, a diferencia de 2012 cuando Rafael Correa anunció la ronda petrolera en la Amazonía con una bravata en Quito, capital de Ecuador, esta vez los funcionarios están tratando de hacer sigilosamente acuerdos bilaterales sobre los catorce “bloques petroleros”. Estos acuerdos tras bambalinas tienen un doble propósito: hacen más difícil para los Pueblos indígenas el protestar, y ayudan a despistar a las petroleras mismas. Perforar en búsqueda de petróleo en una selva Amazónica densa y desprovista de carreteras requiere de mayor inversión por parte de esas empresas multinacionales. El gobierno ecuatoriano quiere convencerlas de que esas inversiones serán seguras y rentables, al no enfrentar oposición por parte de los Pueblos indígenas. No lo serán.
Los pueblos indígenas de la Amazonía sur central del Ecuador ya se están organizando para descarrilar esa subasta petrolera. Muchas de las organizaciones indígenas más grandes de la región, incluyendo a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), así como las federaciones regionales de los Waorani (OWAP), Sapara, Achuar, Andoa, Shiwiar, Shuar (FENASH) y Kichwa (Sarayaku y PAKKIRU), tienen estrategias legales y planes de protesta social preparados para cualquier momento en que la subasta se haga públicamente oficial este año.
La demanda legal victoriosa de la gente Waorani en 2019 es la punta de lanza legal para detener- tanto en la Corte Constitucional como en los tribunales locales- esta subasta petrolera. Muchas nacionalidades indígenas y muchos académicos jurídicos están listos para presentar amici curiae (cartas de “amigo del tribunal”) a la Corte, animando a los jueces a consagrar el consentimiento libre, previo e informado como una jurisprudencia vinculante a nivel nacional. La Corte tiene obligación de establecer requerimientos legales para consultas futuras con verdadera participación indígena en territorios indígenas, por todo el territorio nacional. Si cumplen con esta obligación, entonces cada nacionalidad indígena tendría que dar su consentimiento antes de que cualquier empresa o actor estatal entre a explotar sus territorios. Esto detendría en seco a la subasta.
Pero aun sin esperar por ese veredicto, la victoria de 2019 está al alcance de la mano, y oleadas de nuevas demandas por parte de las nacionalidades indígenas afectadas por la próxima ronda petrolera serán presentadas a nivel de las provincias, congestionando la audiencia en los tribunales desde antes siquiera de que empiece. Esto debería hacer -y así lo hará- elevar la alarma entre las grandes compañías petroleras por todo el mundo.
Los pueblos indígenas de la Amazonía tienen aliados poderosos que pondrán los reflectores sobre el gobierno ecuatoriano. Y si el actual presidente, Daniel Noboa, permanece en el poder tras las elecciones en curso del Ecuador, este será un año importante para que pula sus credenciales ambientales en la cumbre COP30 en Brasil. Como candidato en 2023, Noboa públicamente se opuso a la perforación petrolera en el Yasuní y prometió que, de ser elegido, respetaría el referendo nacional en su contra. Para un líder obsesionado con la prensa, el lanzar una nueva ronda petrolera que enfrenta una oposición indígena unificada en la Amazonía no estaría para nada bien visto.
Resistencia indígena en las primeras líneas de la crisis climática
El año pasado fue el más caluroso en la historia registrada. Así mismo lo fue la década pasada. Y no se trata solo del calor; en los últimos años, los incendios alimentados por el cambio climático han destruido millones de hectáreas en la Amazonía y barrios enteros en Redding, Paradise y Los Angeles.
Como lo exploró recientemente Amazon Frontlines en ¿La selva amazónica se acerca a un punto de inflexión ecológico irreversible?, los científicos estiman que la deforestación de entre 20% y 25% de la Amazonía podría disparar un punto de no retorno y poner en peligro la supervivencia de la región entera. Podría transformar la selva más grande del mundo en miles de millones de toneladas de dióxido de carbono alojado en la atmósfera y acelerar aun más el calentamiento global. Estamos en el borde de un abismo hacia una caída muy empinada.
Y la razón es simple: somos nosotros quienes seguimos prendiendo los incendios (e incitando a otros desastres climáticos extremos) con nuestros aviones y automóviles, nuestros teléfonos inteligentes y entregas por Amazon Prime. En noviembre de 2024, las emisiones globales de combustibles fósiles iban rumbo a superar el registro de alza récord del año pasado. Luego, en enero 20 de 2025, Donald Trump firmó órdenes ejecutivas que retiran a los Estados Unidos de los Acuerdos Climáticos de París, desfinanciando las energías alternativas, congelando el financiamiento federal de programas para enfrentar el cambio climático y prometiendo acción, de nuevo con su estribillo de “drill, baby, dril” (perfora, bebé, perfora).
Estamos atascados en un círculo verdaderamente vicioso.
Estamos siendo adictos a nuestra forma de forma de vida en nuestras sociedades industriales, que son adictas al petróleo, empujando a los gobiernos regionales y las compañías multinacionales a llegar hasta las regiones más remotas del la Amazonía para extraer las últimas gotas de petróleo, porque es el combustible para sus propias adicciones a las ganancias.
Pero este año, en Ecuador, el mundo puede dar un paso al frente para quebrar este ciclo, trazando una línea y privando a las grandes compañías y a los gobiernos de la fuente de sus ganancias. Y los pueblos indígenas están liderando el camino.
Tenemos que apoyar a los pueblos indígenas, batalla por batalla, a medida que le dejan claro al gobierno ecuatoriano y a cualquier petrolera que quiera entrar a sus territorios por petróleo que los resultados netos de sus compañías no estarán asegurados, que sus accionistas no se sentirán seguros, y que el territorio no puede en realidad venderse. Y tendremos que hacer esto más de una vez, por toda la Amazonía: Este año, hay más concesiones petroleras y mineras programadas para Perú y Colombia que podrían tener impactos devastadores en cerca de 7 millones trescientas mil hectáreas de bosques prístinos.
Más podemos empezar aquí, en Ecuador, donde Romelia y Emergildo aún sueñan con sus hijos, antes de que llegaran las compañías petroleras, y donde ellos están firmes protegiendo su territorio para todos aquellos que habrán de nacer allí. Podemos ayudar a los Pueblos Indígenas a trazar una línea estableciendo un límite claro, a pararse con sus lanzas cruzadas, por así decirlo, en la ruta de la industria petrolera mundial señalándoles su intención de luchar para defender su territorio: no crucen esta línea; nada de “perfora, bebé, perfora” en el corazón de la selva Amazónica; no más explotación petrolera y minera en la Amazonía, no más niños muertos, no más culturas desaparecidas, no más peces flotando boca arriba en ríos aceitosos de petróleo, no más selvas quemadas convertidas en sabanas.
Tenemos que marcar un límite, no solo porque tememos un final del mundo, sino porque sabemos que el final de este mundo, el adicto al petróleo, es posible. Y tenemos que hacerlo ahora.
