Dioselina Sandoval, una mujer mayor del pueblo Secoya, estuvo parada frente a tres jueces de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Perú. Fue julio de 2025 y ella, junto con una delegación de 20 indígenas de comunidades Secoya, por fin se encontraron en una reunión con quienes podrían definir el avance o el retroceso de los derechos de los pueblos indígenas del Perú.
“Vengo de la profundidad de la selva, venimos buscando justicia,” dijo Dioselina, en voz suave y con mirada firme. “Yo soy de la selva, soy la misma selva y necesito seguir viviendo ahí”.
Los Secoya – Siekopai son un pueblo indígena transfronterizo y habitan en territorios en Ecuador y Perú. Han sido históricamente diezmados por la evangelización, la esclavitud del caucho y siguen siendo afectados por el profundo abandono estatal. Es por ello que han librado una larga lucha para que se les reconozca como propietarios de sus territorios ancestrales y conseguir su seguridad jurídica.
En diciembre de 2021, las comunidades Mashunta, San Martín de Porres y Vencedor – Wajoya interpusieron una demanda de amparo ante el Juzgado Mixto de El Estrecho, en Putumayo (Perú) donde denunciaron al Estado por la posesión integral de su territorio ancestral. Casi tres años después, en octubre de 2024, el Juez emitió una sentencia en la que reconoció la ancestralidad del pueblo Secoya sobre el territorio solicitado y ordenó al Gobierno Regional de Loreto que otorgue la titulación integral que corresponde: alrededor de 200 mil hectáreas de bosque.
Este no es un precedente común; el actual sistema nacional de titulación en Perú es discriminatorio e inconstitucional. Debido a la Ley Forestal, el Estado peruano es quien decide cómo se utiliza el suelo, basándose en criterios económicos y de explotación, clasificándolos por su aptitud agrícola, ganadera y forestal.
Bajo este criterio, los pueblos indígenas sólo tienen derecho de posesión sobre la parte considerada de aptitud agrícola y ganadera, mientras que la parte con “aptitud forestal” está bajo la figura de “cesión de uso”, es decir un préstamo del Estado, que podría ser revocado en cualquier momento y por lo tanto pueden despojar a las comunidades de sus territorios. Por esta razón, hasta el 80% del territorio ancestral de las comunidades Secoya está bajo la figura de “cesión en uso”, ya que el Estado no los reconoce como sus propietarios y guardianes ancestrales.
“No hemos venido de ningún lugar, este ha sido siempre nuestro territorio,” dice Anselmo Sandoval, líder secoya que ha estado al frente de la demanda desde su inicio. “Estamos ahí como si fuera un territorio prestado, para nosotros, que somos un pueblo milenario”.
Este sistema, además de ser inconstitucional, es contrario al derecho internacional, porque excluye el área forestal y/o de protección del título de propiedad de las comunidades indígenas. Además, esta acción está expresamente prohibida por tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
De acuerdo a Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del IDL, aproximadamente el 90% del territorio de la Amazonía peruana tiene aptitud forestal, afectando esta clasificación hasta a 2.500 comunidades indígenas, con graves consecuencias. Los Siekopai son un pueblo en riesgo de desaparición cultural y física, con una población de apenas 2 mil personas en ambos países (800 en Ecuador, 1.200 en Perú). La lucha por la recuperación y reunificación del territorio está en ambos lados, es una lucha para seguir viviendo en su hogar y seguir siendo Secoya (Siekopai). Una vez ratificada, esta sentencia será clave para su pervivencia, y la de muchos otros pueblos indígenas.
Es una oportunidad histórica para que el Estado peruano cambie la visión con la que ha manejado los territorios ancestrales, de una visión basada en productividad a una de respeto y reconocimiento.
Sin embargo, el proceso judicial para la titulación de esas casi 200 mil hectáreas de bosque no ha terminado. Varias instituciones estatales interpeladas en el proceso, apelaron la decisión del juez de El Estrecho y ahora el caso está en manos de la Corte Superior de Justicia de Loreto (CSJL).
”Es la primera vez que en Perú hay una sentencia de este tipo para garantizar esa tenencia y el reconocimiento de los vínculos históricos,” señala Jorge Acero, defensor de derechos humanos en Amazon Frontines, organización que acompaña de cerca los procesos de recuperación y formalizacion territorial de los Secoya-Siekopai. Acero explica que “lo que hace el Estado es constatar que son los dueños históricos y al hacerlo, entrega el título para su seguridad jurídica.”
El 17 de mayo de 2025, la CSJL convocó a una audiencia para el 26 de mayo. Nueve días eran tiempo insuficiente para notificar, prepararse y emprender un viaje de al menos tres días hasta Iquitos para asistir a la audiencia y ser escuchados. Así que la Organización Indígenas Secoya de Perú – OISPE y el Instituto de Defensa Legal – IDL, la organización aliada que hace el acompañamiento técnico judicial, solicitaron a los jueces retrasar la audiencia. El pedido fue negado y al final escucharon la audiencia de forma virtual.
El 11 de julio de 2025, la delegación Secoya que incluyó a Dioselina llegó hasta la Corte, en la ciudad de Iquitos, buscando una reunión en persona. Los jueces Chabela Carrión, Betty Magallanes y Sergio del Águila la recibieron y escucharon. Dioselina les habló de la cerámica elaborada por sus propias manos y con elementos que se obtienen en la profundidad de su territorio, en la selva Amazónica. El barro (arcilla), las raíces, las plantas para dar color, son únicas en su territorio y su elaboración forma parte del conocimiento ancestral de los Secoya – Siekopai que ha sido transmitido de generación en generación.
Tras la reunión la Corte informó que la sentencia se emitirá en el mes de agosto de 2025.
El apu* Edinson Cabrera Sandoval, presidente de la OISPE, tiene confianza en la justicia peruana. Espera que comprendan que “el uso que damos al territorio es integral, no está separado, no como ven los ministerios, como áreas productivas, está conectado entre todo”.
Esta confianza en la CSJL tiene como antecedente la sentencia emitida por esta misma sala en el año 2024 reconociendo al Río Marañón y sus afluentes como sujetos de derechos, otra sentencia de avanzada que ha hecho historia en Perú y toda Latinoamérica.
Si ratifican la sentencia de primera instancia del Caso Secoya, nuevamente harán historia generando progresos significativos en derechos de pueblos indígenas y protegiendo un territorio en la Amazonía que es clave para la regulación climática mundial.
* “Apu” es la forma respetuosa de dirigirse a un dirigente índigena en Perú.
