Una delegación de 70 personas de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe acompañada de nuestro equipo técnico y organizaciones aliadas, nos concentramos en las afueras de la Corte Constitucional del Ecuador en la ciudad de Quito, para exigir la reparación de nuestros derechos ordenada por sentencia constitucional, por una parte, y por otra, que nuestra demanda de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo 754 se acumule a la presentada meses atrás por la CONAIE.
Respecto al incumplimiento, la sentencia dictada en 2018 por la Corte Provincial de Sucumbios que declaró la vulneración de nuestros derechos colectivos y los de la naturaleza, ordenó cómo reparación al Ministerio de Energía y Minas revertir las concesiones mineras otorgadas sin consulta y que afectarían nuestros derechos y territorio, y al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), realizar la respectiva restauración ambiental por las afectaciones ocasionadas por las actividades mineras. Ninguno de los dos ministerios ha ejecutado lo que la sentencia ordena, habiendo transcurrido ya cinco años.
El Ministerio de Energía y Minas solo ha suspendido las concesiones, más no las ha revertido y eliminado como indica la sentencia, manteniendo la situación de vulneración y grave riesgo sobre nuestros derechos, nuestro territorio y nuestra vida. Por su parte, el MAATE no ha realizado ninguna actividad de restauración de la zona impactada en 5 años, limitándose a diagnósticos y consultorías que ha realizado sin ninguna participación de nuestra comunidad, lo cual igualmente vulnera nuestro derecho a la consulta y a establecer medidas adecuadas y oportunas acordadas conjuntamente. Es decir, ambos Ministerios han demostrado que conociendo sus obligaciones no tienen la voluntad de cumplirlas, incluso aunque hayan sido ratificadas por la Corte Constitucional hace 2 años.
Ante esta situación se solicitó a la Corte Constitucional que de trámite URGENTE a nuestra acción de incumplimiento presentada ante la Corte hace más de un año, y establezca las responsabilidades del incumplimiento y las medidas adecuadas para garantizar la reparación a nuestra comunidad.
También hemos solicitado a la Corte Constitucional que nos dé una respuesta oportuna a la demanda de inconstitucionalidad al decreto 754 presentada el pasado 12 de septiembre, conjuntamente con la Organización Waorani de Pastaza – OWAP; Alianza Ceibo, la Nacionalidad Siekopai del Ecuador, el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos – Surkuna y Amazon Frontlines, para que esta sea admitida y acumulada a la demanda presentada por CONAIE, dado que este decreto establece un único procedimiento de consulta ambiental que incluye inconstitucionalmente a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador, con el fin de poner en marcha la agenda extractivista del gobierno ecuatoriano, vulnerando una vez más nuestro derecho a la autodeterminación, consulta y consentimiento previo, libre e informado y que es responsabilidad del Estado ecuatoriano, proteger la relación especial que los pueblos indígenas tenemos con nuestros territorios y con la naturaleza.
La delegación fue recibida por funcionarios delegados de la Corte Constitucional donde expresamos la urgencia de sus respuestas, ya que nuestro futuro está en riesgo y las demoras solo profundizan la vulneración de nuestros derechos.
Citas:
Wider Guaramag, presidente de la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe
“Viajamos desde nuestro territorio a exigir nuestros derechos. La sentencia que ratificó la
Corte Constitucional es clara: recuperación integral de la zona afectada y eliminación de las concesiones mineras, sin embargo solo están suspendidas y el riesgo de que se reabran es latente”.
Alexandra Narváez, lideresa A’i Cofán y guardia indígena de Sinangoe
“Nuestro futuro está en peligro. Ahí están las piscinas y la contaminación.Queremos que La Corte Constitucional les diga a los Ministerios que cumplan, que no se burlen más. Estamos cansados de esta vulneración”.
Jorge Acero, defensor de derechos humanos y abogado de Amazon Frontlines
La sentencia ordena la restauración de los impactos por las actividades mineras en el territorio, el MAATE señaló en algún momento, que la selva se regenera sola y no ha movido ni una sola piedra. De igual manera el Ministerio de Energía no ha eliminado los títulos mineros del catastro. Ha transcurrido un año de la presentación de la acción de incumplimiento, la comunidad no puede seguir esperando”
Ana Cristina Vera, Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos
“Queremos sostener lo fácil que es destruir, pero qué difícil es reparar. Sinangoe ya tiene una sentencia y esta sigue sin cumplirse. Es necesario que la Corte Constitucional nos de respuestas integrales, que nos responda sobre el Decreto 754, no solo jurídicos, sino que escuche a la gente, a los pueblos que son afectados por el extractivismo, para que se prevengan estos daños antes de que se den, la consulta es un derecho no un mero trámite”.
Transmisión en vivo de la rueda de prensa
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