Publicado originalmente por El Comercio.
El 7 de abril de 2020 ocurrió el más grande derrame de petróleo en los últimos 15 años en la Amazonía ecuatoriana. Mientras vivíamos los encierros por la pandemia de la COVID-19, al menos 15 mil barriles de petróleo fueron vertidos en las cuencas de los ríos Coca y Napo, afectando la vida de más de 27.000 personas indígenas que habitan en sus riberas, que dependen de estas cuencas para vivir y que hasta el momento sufren las consecuencias, sin que el Estado ecuatoriano les repare debidamente.
Verónica Grefa, una joven kichwa que en el tiempo de derrame, fue presidenta de la comunidad de Toyuca, narra lo que significó este derrame para ella, su familia y su comunidad, los procesos que se llevaron ante la justicia y de los que siguen esperando una respuesta desde la Corte Constitucional.
Vivo en Toyuca, una de las 150 comunidades afectadas por el derrame de petróleo del 7 de abril de 2020. Mi madre bajó a pescar al río Coca a eso de las cinco de la mañana del 8 de abril, lo hizo al igual que otras personas de la comunidad Toyuca, pronto se corrió la voz: ocurrió un derrame de petróleo. Nosotros también fuimos a ver, a medida que nos acercábamos se percibía cada vez más fuerte ese horrible olor. Vimos cómo bajaba más y más todo ese material aceitoso que se iba pegando en las plantas y piedras en la playa. En ese momento conocí el petróleo.
Las personas mayores recordaron los derrames anteriores, se quejaban y preguntaban: ¡otra vez nos quitaron la alimentación!, ahora ¿con qué vamos a alimentarnos? ¿a dónde vamos a salir, y en esta pandemia? Hasta ese momento la pandemia del COVID-19 no había sido un problema, no hacía falta salir al centro a buscar alimento porque lo teníamos todo, pero luego del derrame, lo perdimos todo.
El río es de vital importancia para nosotros, crecimos pescando para nuestro alimento diario. Como mujeres, perder el río es perder el agua para cocinar, lavar, para bañarnos y bañar a nuestros hijos e hijas, para quienes el río es un espacio de recreación. Desde la espiritualidad, nosotros agradecemos al río cuando nos provee de pescado y de agua, a la Pachamama, por brindarnos nuestro alimento: la yuca, el plátano, a la Madre Selva, que nos brinda la cacería. Con el agua del río cocinamos la guayusa, nuestra planta sagrada, durante el ritual de la Guayusupina, nosotros oramos, es nuestro encuentro con la palabra, nuestros abuelos nos cuentan mitos e historias, compartimos nuestros sueños porque para nosotros tienen significado. Por ello, cuando las empresas petroleras destruyen el agua, destruyen el bosque, destruyen la tierra, nos destruyen también a nosotros, que somos hijos de la Pachamama.
Recuerdo con mucha indignación el accionar de las empresas, ellos destruyeron nuestros hogares pero no pretendían hacerse cargo, las comunidades tuvimos que exigir que se hicieran responsables. Llegaron con galones de agua: 4 galones de 6 litros para cada familia que se entregaban cada semana, en total 24 litros por semana para familias de entre 4 y 7 hijos, más sus padres, simplemente no alcanzaba y tener que racionar el agua luego de tenerla libremente fue humillante. Los kits alimenticios no los entregaban a todas las personas afectadas y las brigadas médicas nos revisaban a todos en apenas dos horas. Mi madre tenía quemaduras en las manos y ampollas en los pies, la respuesta que recibió fue: ¡vaya al dermatólogo! Otras personas tenían granitos en la piel, si les daban algo era una crema o una pastilla de paracetamol, tal vez unas vitaminas, nada más, no tenían más equipamiento. Nos hicieron firmar papeles de todo lo que recibimos para luego decirnos que no podíamos reclamar nada.
Conversamos entre comunidades afectadas y decidimos poner una acción de protección exigiendo justicia y reparaciones. Tenemos el derecho a una vida digna, con buena alimentación, atención de salud, agua limpia y segura libre de contaminación, que nos brinden seguridad ya que las empresas destruyeron nuestra vida.
Pese a que demostramos las vulneraciones a nuestros derechos y que la defensa del Estado y las empresas fue vergonzosa y racista, la acción fue negada. Fue decepcionante, aunque ya sabíamos que no podíamos esperar nada de ellos. Nos acusaron de solo “querer plata” y persiguieron a nuestras abogadas defensoras y a nuestros dirigentes. A pesar de ello, llevamos esta lucha a la Corte Constitucional y seguimos en espera de respuesta.
Las consecuencias persisten hasta el día de hoy y por la irresponsabilidad e inacción de las autoridades, tuvimos que soportar un nuevo derrame el 28 de enero de 2022. Seguiremos luchando para proteger nuestro territorio, por el futuro de nuestros hijos, para que puedan vivir libres de contaminación y mantener la lucha en defensa de nuestros derechos, porque la Amazonia es nuestro hogar y también es el pulmón del mundo. Somos hijos de la naturaleza y ella es nuestra madre. A tres años del derrame, la reparación integral no sólo es necesaria, es urgente.
¡Shuk shunkulla shuk yuyaillata churashpa, kaipimi tianchi nisha caraju kaparishunchik ñukanchik ally kawsaymanta!
(¡Un solo corazón, nosotros estamos aquí presentes, gritemos carajo por nuestro buen vivir!)
Dedicamos esta historia a la memoria de nuestra compañera comunicadora y defensora de derechos humanos, Alejandra Yépez Jácome (1984-2022).
