A los Honorables Jueces de la Corte Constitucional del Ecuador:

Nosotros, como ciudadanos del mundo preocupados, escribimos para expresar nuestro profundo interés en la decisión de alcance mundial que se encuentra ante su Corte. Su sentencia en este caso interpuesta por las organizaciones Indígenas y de Derechos Humanos por los daños provocados por el derrame de petróleo del 7 de abril de 2020  fue desestimado en primera y segunda instancia afectará directamente la vida de 27.000 personas indígenas que habitan en las riberas de los ríos Coca y Napo. Adicionalmente, con esta decisión, tienen la oportunidad de garantizar los Derechos de la Naturaleza y proteger la Selva Amazónica, de la que todo ser humano en la tierra depende para mantener un clima estable y adecuado para la vida.

Nosotros, por lo tanto, presentamos este Amicus Curiae o carta de “amigos de la corte”, para urgir un resultado justo y apegado al derecho. Al menos, 15.800 barriles (664.000 galones) de petróleo crudo y otras sustancias contaminantes fueron derramadas en los ríos amazónicos y sus afluentes como resultado de la ruptura del Sistema de Oleoducto Trans-Ecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP); y, sin embargo, el gobierno ecuatoriano y las compañías petroleras han evadido largamente, hasta ahora, una remediación adecuada, que repare a las personas afectadas y tome medidas de precaución contra futuros derrames. Esta fue una catástrofe completamente evitable: una catástrofe que muy probablemente ocurrirá de nuevo si no se hace justicia en esta apelación.

La evidencia muestra que el gobierno ecuatoriano y las compañías petroleras fueron suficientemente alertados de que la creciente erosión en las orillas de los ríos podría causar una ruptura en los oleoductos. No hubo ningún sistema de alerta que advierta a las comunidades río abajo acerca de la contaminación producto del derrame, ni fueron consultados sobre el plan de reparación de las compañías. En medio de una pandemia global y el confinamiento nacional, las comunidades afectadas fueron provistas de raciones de emergencia y agua penosamente inadecuadas, y cinco meses después todavía es visible la contaminación a lo largo de las orillas de los ríos.

La Constitución Ecuatoriana, en el momento de su elaboración, se convirtió en un faro de esperanza y un modelo para los otros países en el mundo por su reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza y sus avances pioneros con respecto a los derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, en esta apelación ante ustedes, principios tan importantes de la democracia ecuatoriana están en peligro, como lo está la reputación del sistema judicial ecuatoriano al garantizar, o no, los derechos constitucionales de sus ciudadanos por sobre la impunidad de los intereses privados.

Ecuador tiene un largo legado de impunidad de la negligencia y la contaminación generada por la industria petrolera, y nos preocupa que la influencia corporativa y el racismo sistémico puedan obstruir la justicia para los Pueblos Indígenas, así como su capacidad para proteger los bosques tropicales. Como la demandante y líder Kichwa, Verónica Grefa, dijo después de la decisión del tribunal de primera instancia: «Una vez más sentimos la injusticia. El Estado se preocupa más por sus ingresos económicos que por la salud de sus ciudadanos, al menos de nosotros los Kichwas».

En tiempos de crisis climática, biodiversidad devastada y pérdida de especies, una creciente intranquilidad debida al racismo medioambiental y la discriminación sistémica contra los Pueblos Indígenas y la población afrodescendiente, la Corte Constitucional tiene una oportunidad sin parangón para sentar un ejemplo en el Ecuador y el mundo. Lo que ocurre en la Amazonía tiene valor en todo lado, y el mundo entero estará mirando el resultado de este caso.

Ponemos nuestra confianza en su integridad como árbitros de la justicia. Les pedimos, Honorables Jueces, que aseguren que la Constitución sea respetada y que los demandantes Kichwas vean sus derechos garantizados ante la ley. Respetuosamente, recomendamos que esta Corte revierta las sentencias de las cortes provinciales, y obligue al Gobierno y a las compañías petroleras a tomar acciones inmediatas para reparar los daños provocados y a garantizar que tales violaciones de los derechos no se vuelvan a repetir.