Casi un año ha pasado desde que el pueblo ecuatoriano tomó una valerosa decisión por su país y por el planeta: votar para dejar más de 700 millones de barriles debajo de la tierra, en el Parque Nacional Yasuní, ubicado en la selva amazónica. Esta decisión histórica, apoyada por más del 60% de los votantes, fue un rotundo triunfo para el movimiento climático global y un contundente rechazo a la dependencia de los combustibles fósiles. Ahora, faltando solo unos días para el primer aniversario -en agosto 20-, constituye un recordatorio de lo que el poder de la gente puede lograr y de la falla del gobierno y de la industria petrolera en respetar la democracia y la voluntad popular.
El Parque Nacional Yasuní, proclamado con frecuencia como el lugar más biodiverso de la Tierra, es el hogar de una impresionante variedad de vida silvestre y de plantas; muchas de esas especies no se encuentran en ninguna otra parte. Este ecosistema vibrante, ubicado en la intersección de los Andes, la Amazonía y la Línea Ecuatorial, es también el hogar sagrado del pueblo Waorani y de los Tagaeri y Taromenane, dos de las últimas comunidades indígenas del mundo que viven en aislamiento voluntario.
En tanto el país enfrenta severas crisis económicas y de seguridad, la industria petrolera y sus partidarios en el gobierno han estado ejerciendo fuerte presión para desacatar la votación popular. La Corte Constitucional le otorgó un año al gobierno ecuatoriano y a Petroecuador -la petrolera manejada por el Estado- para terminar todas las actividades petroleras en Yasuní, clausurar los pozos, desmantelar la infraestructura y restaurar el área. No obstante, pese al mandato claro de los ciudadanos, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha hecho poco o ningún avance hacia cumplir con estas obligaciones. La inacción no solamente pone en peligro el frágil ecosistema del Yasuní, el patrimonio cultural y el sustento de sus habitantes indígenas, sino que también socava la voluntad democrática popular.
En enero de 2024, Noboa reversó su posición inicial a favor de la protección del Yasuní y propuso la posibilidad de una moratoria para cumplir con el referendo. Luego, en mayo de 2024, Noboa emitió un decreto ejecutivo para establecer un comité que supervisara la implementación del referendo y el desmantelamiento de la concesión petrolera. Sin embargo, el decreto falla en entregar un plan de acción claro para la salida de la industria petrolera en el Yasuní y excluye la participación indígena de su comité. Sugiere que de nuevo, que el gobierno ecuatoriano le dará prioridad a las ganancias económicas de corto plazo por encima de la salud ambiental y los derechos humanos.
El mundo está mirando y es mucho lo que está en juego. La lucha por mantener vivo al Yasuní es parte de una lucha global contra el cambio climático en un momento en el que las emisiones de carbono de los combustibles fósiles y la deforestación siguen creciendo, y los puntos críticos se balancean al borde del abismo. Reafirmamos nuestra solidaridad con el movimiento indígena ecuatoriano y exigimos que el gobierno cumpla con sus obligaciones legales y respete la democracia.
Esta es no solamente una lucha por un pedazo de tierra en el Ecuador; es una batalla por la salud de nuestro planeta y por el legado que dejemos para futuras generaciones. Juntos podemos asegurar que el Yasuní siga siendo un faro de esperanza y un testamento del poder de la acción colectiva en la lucha contra el cambio climático.
