Artículo original de The Guardian disponible aquí. Texto original en Inglés: David Hill.
Primera parte del reportaje sobre el pueblo indígena Siona de la región del Putumayo en la Amazonía
Plácido Yaiguaje Payaguaje, un indígena siona, estaba de pie en el lugar en que su madre de más de ochenta años voló por una mina antipersona. Había un cráter del tamaño de una pelota de playa. La vegetación alrededor había sido destrozada, y en algunas hojas y arbustos se podía aún ver la dinamita.
Esto fue en una bajada empinada de 20 metros hacia las orillas del Río Piñuña Blanco, al interior de la Amazonía colombiana. La madre de Plácido había bajado por ahí para pescar en una laguna cercana. Era un lugar popular por el signo, el sábalo y la garopa.
Un tronco podrido de zapotilla, cubierto de musgo y hongos, ahora está tendido sobre el cráter. Plácido estaba apoyado en él mientras hablaba, furioso cortando en pedazos una hoja, el dolor en su rostro era claramente visible.
“A mi madre le gustaba mucho pescar. Me dijo: “Quiero comer pescado. Quiero comer pescado de la laguna. Hay buena pesca ahí.” Le contó Plácido a The Guardian, “ Yo le dije: “Mamá, no vayas. No vayas a pescar.”
Detrás de sí, mirando y escuchando, con un bastón de madera simbólico en su hombro izquierdo, estaba el hermano de Plácido, Celio. Río abajo, en su comunidad, Puerto Silencio, Celio contó una historia similar: a su madre le encantaba pescar y él había intentado disuadirla de sus planes en ese trágico día, pero falló.
“Yo le dije, “No mama, no vayas, mejor en otro lugar” y ella dijo “No, voy a ir”, yo le dije: “No, mejor juntos…” Pero ella no me espero. Se fue sola” dice Celio. “Luego, bajando a la laguna, todo salió mal para mi madre. Ahí es donde estaba la mina. Ella pensaba que no había nada ahí”.
Plácido Yaiguaje Payaguaje y su hermano Celio en el lugar donde una mina terrestre quitó la vida a su madre – Fotografía: Mateo Barriga Salazar.
La madre de Plácido y de Celio, Eloisa Payaguaje, una mayor respetada siona, fue asesinada hace seis años. Según los hermanos, la guerra fue sembrada por la guerrilla – en este caso, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) -para matar soldados colombianos como parte del conflicto armado, o guerra civil, que lleva dividiendo al país desde los años sesenta. Oficialmente, el conflicto entre el gobierno y las FARC terminó en el 2016 con una acuerdo de paz histórico, pero mucha gente en esta parte del planeta (el Putumayo, una fortaleza de las FARC por décadas) sin embargo, dice que el conflicto continúa, de un modo ligeramente diferente.
Puerto Silencio ha estado en el corazón de esto, aún cuando hoy es una comunidad indígena en la Amazonía aparentemente típica, hogar de 12 a 24 familias, con una casa comunal con techo de zinc, escuela y cancha de fútbol en el centro. Gallinas y perros deambulan por ahí, niños juegan, música suena desde una casa, y hay parches de piñas, maíz, plátano verde y otras cultivos esparcidos alrededor. No da la sensación de una zona de conflicto.
Pero una vez fue, y aún es, zona de conflicto. Hay más minas antipersona justo detrás de la escuela, y han sido reportadas nuevas minas sembradas en el interior del bosque por disidentes de las FARC. La atmósfera es de sospecha y miedo permanente, y a veces directamente terror. Todos, o casi todos, tienen alguna terrible historia que contar. Celio dice que las FARC no han matado únicamente a su madre , pero a otro de sus hermanos también, después de haber sido acusado de colaborar con el gobierno. Ahora, el presidente de Puerto Silencio dice que cuando la comunidad se asentó por primera vez en 1980 era realmente pacífico, de ahí el nombre, pero después las cosas cambiaron.
“Ha habido mucha violencia” dice Celio, quien ha recibido varias amenazas de muerte. “Vivías permanentemente asustado. No podías salir para nada.”
Eso de alguna manera explica la preocupación de su madre por salir a pescar. Las FARC expulsaron a los siona de la comunidad por tres meses mientras estaban sembrando minas en los alrededores, según los hermanos, pero después dijeron que no hay peligro y rehusaron a aceptar la responsabilidad por la muerte de Eloisa.
“La guerrilla apareció hacia las tres de la mañana,” recuerda Celio. “Me llamaron, ¿Qué pasó?” Les dije que mi madre había sido asesinada. Ellos dijeron “No es culpa nuestra”.
Hoy, los siona son aproximadamente 2.600. En el 2009 la Corte Constitucional de Colombia los declaró “víctimas de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos, extremadamente serias” y “en peligro de ser física y culturalmente exterminados por el conflicto armado interno, junto con otros 33 pueblos indígenas. Un reporte del Centro Nacional de la Memoria Histórica del 2013 encontró que aproximadamente 220.000 personas han sido asesinadas a lo largo del conflicto – con la mayor parte de las masacres cometidas por grupos paramilitares – mientras que la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas actualmente estima que más de siete millones de personas han sido desplazadas internamente.
El territorio siona tiene su centro en el Río Putumayo, un gran afluente del Amazonas, y se extiende a lo largo de una inmensa franja de la región del Putumayo colombiano como más allá de la frontera hacia Ecuador. La comunidad más grande y la más intensamente impactada, Buenavista, tiene 600 habitantes y tiene un título legal de Reserva de 5,000 hectáreas, aunque los sionas están actualmente buscando expandirla a 52,000 hectáreas a través de un proyecto de restitución de tierras del gobierno establecido bajo una ley del 2011.
El primer grupo armado en entrar a Buenavista fue de hecho otra guerrilla, el M-19. A ellos les siguieron las FARC, quienes asumieron el control de facto, luego los paramilitares afiliados a las Autodefensas Unidas de Colombia, y luego las Fuerzas de seguridad Colombianas; éstas últimas recibieron billones de dólares de los Estados Unidos desde finales de los años 90 en adelante bajo varios programas incluyendo el conocido Plan Colombia, para el que los millones iniciales fueron mayormente dirigidos hacia operaciones antidroga en el Putumayo y en las cercanías de Caquetá.
Efectivamente, esto ha significado que los siona han sido arrastrados hacia ambas – las llamadas “Guerra Antidrogas” y “Guerra al Terror” de los Estados Unidos – habiendo sido las FARC puestas en la lista de “organizaciones terroristas extranjeras” del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 1997. Adicionalmente, la situación se ha vuelto aún más compleja con la llegada de una petrolera con base en el Reino Unido, Amerisur Resources, que será explorada en la parte 2.
Buenavista se encuentra a lo largo de las orillas del Río Putumayo, a dos horas y media o tres horas a pie a través de la selva al sur de Puerto Silencio, o a más del doble en canoa motorizada. El vocero encargado, el “gobernador”, es Mario Erazo Yaiguaje. Él ha recibido varias amenazas de muerte y, cuando sale de la reserva, lleva chaleco antibalas y es acompañado por un guardaespaldas armado que le fue asignado por la Unidad Nacional de Protección. Sentados a orillas del río, con varios jóvenes siona pateando un balón detrás de él, Mario le contó a The Guardian que la violencia se ha vuelto tan común que que es como si los siona se hubieran acostumbrado a ella, aunque eso no les evite sentirse extremadamente asustados.
El pueblo de Buenavista queda a la izquierda de la orilla del río Putumayo, con Ecuador justo al otro lado del agua. Fotografía: Mateo Barriga Salazar.
“Se pueden escuchar tiroteos y, en lugar de huir, la gente sale a ver dónde fue” dice, hablando del conflicto más extremo. “Los niños particularmente. Era normal escuchar bombas, era normal escuchar disparos.”
¿Qué tipo de bombas y disparos exactamente? Batallas abiertas y escaramuzas en el suelo, bombardero con mortero, ametralladoras desde helicópteros, minas antipersona estallando.
Durante años, tanto el Ejército Colombiano como las FARC han usado regularmente el territorio de Buenavista para campamentos y patrullas.
Los impactos de todo esto en los siona son imposibles de transmitir. Grandes áreas de su territorio han sido hechas han sido prohibidas de transitar, y a menudo les ha sido imposible cazar, pescar, sembrar, cultivar plantas medicinales o visitar amigos y familiares. Hombres y mujeres han sido asesinados, torturados, mutilados, desaparecidos, secuestrados, amenazados, intimidados, extorsionados y reclutados por un bando o por el otro, así como acusados de colaborar o informar, usados como escudos humanos o a veces forzados a cavar refugios antiaéreos. Familias enteras han sido aprisionadas en sus propios hogares, o han huído a pueblos distantes o han sido destrozadas. En un pueblo como Puerto Silencio, al noreste de la Reserva de Buenavista, puede ser aterrador simplemente tener hijos, porque podrían desaparecer con las minas antipersona.
La vida cultural y espiritual de los sionas también ha sufrido impactos. Según Sandro Piaguaje Cabrera, nieto del fundador de Buenavista y sin duda el anciano espiritual más venerado, los bombardeos de mortero y las metralletas en la noche han hecho que sea difícil o imposible conducir ceremonias en las que la bebida alucinógena “yagé” – comúnmente conocida como ayahuasca – es bebida. El Yagé es fundamental en la cultura, sanación y toma de decisiones en la comunidad siona.
Como Mario, Sandro dice haber recibido amenazas de muerte. También como Mario, lleva puesto un chaleco antibalas y es acompañado por un guardaespaldas cuando sale de la reserva. Sentado bajo su casa, construida sobre pilotes en la orilla del río frente a Buenavista, en una comunidad siona-kichwa en Ecuador, Sandro le contó a The Guardian cómo el conflicto armado ha afectado a los siona por décadas.
“Solíamos ser muchos aquí, pero ahora somo pocos” dice. “Ha habido conflicto en nuestro territorio ancestral por mucho tiempo ya. Ha afectado mucho a la comunidad. Ha cambiado la manera en la que las generaciones más jóvenes ven las cosas.”
Sandro Piaguaje Cabrera con un mural de su abuelo, el fundador y seguramente el anciano espiritual más venerado de Buenavista. Fotografía: Mateo Barriga Salazar.
Han habido dos períodos en los que el conflicto ha sido particularmente intenso, según Lina María Espinosa Villegas, la abogada y defensora de los derechos humanos de Buenavista. El primero fue a inicios del año 2000 con el Plan Colombia, el que según ella intensificó la pelea por el territorio y llevó a que paramilitares como las Águilas Negras y los Rastrojos a aparecer al norte de Buenavista. El segundo fue a mediados o finales del año 2000 con el Plan Patriota, otra operación militar respaldada por los Estados Unidos supuestamente dirigida a recuperar el territorio controlado por las FARC en el Putumayo y en otras regiones del sur y del este.
Espinosa, de la ONG internacional Amazon Frontlines, le explicó a The Guardian que la violencia se tornó “extrema” durante estos períodos.
“Hubo más desplazamientos siona, más homicidios de parte de las FARC y paramilitares, más minas antipersona, más reclutamiento forzado, incluyendo menores”, dice. “Un joven tuvo que sembrar una mina antipersona en una parte del bosque en la que sabía que su padre caminaba, pero no pudo decírselo”.
Los siona dicen que también han sufrido de herbicidas rociados desde pequeños aviones en un intento de destruir las plantaciones de coca – el ingrediente clave de la cocaína. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito afirma que Colombia es uno de los dos países que más coca produce en el mundo, junto con Perú, y el Putumayo ha sido consecuentemente la segunda región más prolífica del país en los últimos 10 años. Según Espinosa, la coca ha sido cultivada en y alrededor de la Reserva de Buenavista desde inicios de 1990 por “campesinos” y otras personas indígenas. Dada la falta de alternativas económicas viables, ella dice que los siona han encontrado una fuente de trabajo en el cultivo de coca y algunas familias la cultivan también, aunque únicamente en pequeña escala.
Estas “fumigaciones” aéreas – en efecto una forma de guerra química – ha sido llevada a cabo en el Putumayo al menos desde mediados de 1990, pero eran parte del Plan Colombia y se intensificaron dramáticamente en el año 2000. ¿Qué exactamente fue rociado sobre el territorio Siona, y en qué cantidades? Según los informes de Control de Narcóticos de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos (INL) del 2002 y 2003, dentro del Departamento de Estado, la fumigación en Colombia fue hecha con glifosato mezclado con agua y un aditivo llamado Cosmo Flux-411F, mientras que el informe de la INL del año anterior habla de un segundo aditivo, Cosmo-IN-D, que también fue mezclado.
Según Mario, el gobernador de Buenavista, las fumigaciones eran indiscriminadas – impactando no solamente a las cultivos legales como la yuca o el plátano verde, pero a la gente y a las comunidades también.
“Tenías que correr a la casa [para guarecerse de la fumigación]” dice. “”Perdimos muchos cultivos y plantas tradicionales y ha habido muchas enfermedades, infecciones y afecciones en la piel.”
Tan pronto como a mediados del 2002 – antes de que aproximadamente 1.4 millones de hectáreas fueron rociadas en los siguientes 13 años – la federación nacional indígena Organización Nacional Indígena de Colombia había nombrado a las fumigaciones como una “tragedia nacional”. Los siona, como muchos otros en la Colombia rural, informaron acerca de impactos devastadores: cultivos legales destruidos, tierra y agua contaminada, y problemas de salud innumerables, incluyendo varias muertes. Estas denuncias parecen haber sido cuestionadas por los ambos gobiernos, tanto de los Estados Unidos como de Colombia. Hasta el 2010, los Informes de Control de Narcóticos de la INL afirman que el Gobierno colombiano investigó “todas” las denuncias de impactos a la salud supuestamente causadas por las fumigaciones, y que el Instituto Colombiano de la Salud nunca verificó un solo caso.
Las fumigaciones aéreas ahora han parado – prohibidas por el gobierno Colombiano en 2015, luego de un controversial informe de la Organización Mundial de la Salud que afirmaba que el glifosato es “probablemente cancerígeno” para los humanos – pero el conflicto armado continúa. ¿Quién está generando el conflicto? Numerosos siona entrevistados por The Guardian han identificado a los siguientes: el Ejército colombiano, paramilitares nuevos o establecidos, los disidentes de las FARC, algunas personas falsamente apareciendo como las FARC, y otros simplemente llamados “mafia” o “narcomafia”.
En los últimos meses varias personas han sido asesinadas. En abril un encuentro en la reserva entre el Frente 1 y el Frente 48 dejó cuatro personas muertas, según los informes de los siona a Espinosa, mientras en marzo un hombre siona fue asesinado con un disparo en la carretera que va a uno de los pueblos más grandes del Putumayo, Puerto Asís. El mes pasado, río abajo de Buenavista a lo largo del camino a Puerto Silencio, hubo un cruce de fuego entre el ejército y “grupos armados”, según la Comisión por los Derechos Humanos de las Pueblos Indígenas de Colombia.
Plácido, en Puerto Silencio, es firme: “La guerra aún continúa.”
“Está empezando nuevamente” le dijo a The Guardian. “Solamente ha sido un cambio de nombre, eso es todo pero la guerrilla aún existe. Estamos en la misma situación que antes. Nadie está seguro. La violencia continúa. El gobierno dice “estamos bien, hemos firmado la paz, pero paz… no hay nada.”
Su hermano Celio dice algo similar. “El conflicto continúa. Es la misma gente de las FARC [generando el conflicto]. Puede que tengan otro nombre, pero son los mismos.”
Otros en Puerto Silencio afirman que el número de grupos armados en realidad ha aumentado en los últimos años – en parte llenando un vacío dejado por algunas fracciones de las FARC.
“El gobierno dice haber sostenido conversaciones de paz con la guerrilla y entonces ahora hay paz”, un hombre, que no quiso ser nombrado, le dijo a the Guardian. “ Pero para nosotros, como pueblo indígena, la guerra continúa. Si, sabemos que ya no escuchamos más armas, tiroteos o combate, pero el hecho de que no lo escuchemos no significa que los grupos armados no existan. El número se ha multiplicado. Más grupos que antes han aparecido. Antes, estaba la guerrilla a pesar de que habíamos escuchado de los paramilitares que realmente no tenían presencia, pero ahora, con menos guerrilla y siendo esta una zona de coca, nuevos grupos están peleando por el territorio. Los paramilitares quieren tomar el control de la coca. Otros grupos armados – mafia – quieren venir por ello. No sabemos sus nombres, pero están aquí. Entonces para nosotros, no hay paz. El conflicto continúa como antes.”
Mario, en Buenavista, dice que esta “mafia” está intentando tomar el control de la región. “Han llamado y han dicho que están a cargo” dice. “Nosotros manejamos la coca. Las FARC no están más aquí, ahora estamos nosotros.”
Una de las maneras en las que los diferentes grupos armados intentan imponer su poder es haciendo circular panfletos de amenaza. El año pasado, aparecieron tres en tan solo un mes – dos aparentemente del grupo paramilitar Águilas Negras y el otro del Frente 48 de las FARC, afirmaban que se está continuando con la “resistencia revolucionaria” a pesar de “no oponerse al proceso de paz”. En abril de este año circuló otro panfleto, del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, lanzando amenazas a varios individuos y diciendo que cualquier persona encontrada en movimiento después de las 10 pm sería asesinada.
Espinosa, la abogada de Buenavista, interpreta este panfleto como una advertencia de “abandonar el área o morir”. Ella está de acuerdo con los siona en que nuevos grupos armados han llegado y que el control de la coca – tanto el cultivo como el comercio – es fundamental en el conflicto. Ella considera que los niveles de violencia están subiendo nuevamente, y que lo que está pasando en el territorio Siona, así como en otras partes de Colombia, constituye una verdadera “crisis humanitaria”.
“ La gente estaba feliz cuando el acuerdo de paz se firmó. Era como, “No nos van a disparar cada día””, dice Espinosa, “Sin embargo ahora es más peligroso. [Al menos] la gente sabía quiénes eran las FARC, pero ahora nueva gente entró y nadie sabe quienes son. Antes, la gente sabía a quién venderle su coca: a las FARC o a los paramilitares.”
Un folleto circulado por los paramilitares el año pasado – en este caso, las Águilas Negras – en Buenavista y sus alrededores.
La situación se ha tornado tan alarmante que la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona (ACIPS) recientemente emitió una declaración dirigida al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, y otros altos cargos gubernamentales. Denuncia que varios grupos armados han estado “constantemente presentes” en numerosas comunidades Siona, que personas han sido amenazadas y asesinadas, que los menores están siendo reclutados, y que más minas antipersona están siendo sembradas según informes para proteger una planta de proceso de coca. Se refiere a la “re-paramilitarización de nuestros territorios” y nombra algunos de los grupos paramilitares: La Constru, Los Rastrojos, Los Urabeños – “ aparentemente interesados en controlar el cultivo y el comercio en plantaciones ilegales, entre otras cosas.” Según la declaración, un nuevo grupo ha aparecido por primera vez en abril e impuso un toque de queda entre las 6 pm y las 6 am, amenazando con disparar a cualquier persona encontrada fuera de sus comunidades durante ese horario.
“Las autoridades regionales, nacionales y civiles deben tomar las medidas necesarias para proteger las vidas y la integridad física de los siona,” la ACIPS urge, “de una manera aceptable para sus líderes políticos, líderes tradicionales y guardia [una fuerza comunitaria de protección no armada], a fin de evitar violaciones a los derechos humanos – asesinatos, reclutamiento, muertes por minas antipersonales, amenazas y desplazamientos.
Hace 10 años, alrededor de media hora río arriba de Buenavista, una incursión en un campamento FARC al norte de Ecuador mató al comandante de la guerrilla Luis Edgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”, generando titulares internacionales. A día de hoy el conflicto continúa expandiéndose también hacia Ecuador. Dos hombres Siona murieron en Noviembre, y en los últimos meses cuatro soldados ecuatorianos y dos periodistas y su conductor, del periódico de Quito El Comercio, fueron asesinados. La respuesta del presidente de Ecuador Lenin Moreno diciendo que “militarizaría” la región desembocó en una declaración urgente de la comunidad siona-kichwa del otro lado del río de Buenavista, San José de Wisuya, exigiéndole repensar su estrategia.
“En la zona fronteriza hay situaciones preocupantes conectadas con el conflicto armado en el suelo colombiano, el acuerdo post-conflicto y el desarrollo de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, el avance de la frontera extractiva, la aparición de nuevos actores armados, y la reconfiguración del paramilitarismo,” se lee en la declaración de Wisuya. “Todo esto impacta permanente, sistemática y directamente a las comunidades a lo largo de la frontera Ecuador-Colombia.”
Mario, Sandro y miembros de la guardia de Buenavista viajando en canoa a motor por el río Putumayo. Fotografía: Mateo Barriga Salazar.
Entonces ¿cómo han estado los siona respondiendo a esta desesperada situación en la que se encuentran? Con numerosas iniciativas. Estás incluyen la formación de la guardia, continuando con los intentos de expandir la reserva, haciendo “lobing” para la desactivación de las minas antipersonales, reintegrando algunos siona que fueron reclutados en el conflicto, reviviendo el consumo de yagé, realizando encuentros comunales, invitando regularmente a las instituciones gubernamentales a su territorio, expresando repetidamente su oposición a la compañía petrolera Amerisur y, el mes pasado, viajando a República Dominicana para participar en una audiencia sobre “Pueblos Indígenas y Acuerdos de Paz” organizada por la Comisión Inter-Americana por los Derechos Humanos.
Mario, llevando su túnica blanca tradicional Siona, le dijo a la Comisión que el conflicto continúa y que su gente permanece en “grave riesgo”. Habló de una “reconfiguración del narco-paramilitarismo” peleando contra los disidentes de las FARC por el control de la coca, minas antipersonales aún siendo sembradas, familias aún siendo desplazadas y menores aún siendo reclutados.
Esta decisión de actuar internacionalmente, que incluye la presentación de una demanda en contra del Gobierno colombiano frente a la Corte Interamericana por los Derechos Humanos – ha tenido muy poco seguimiento a nivel nacional. Mario, así como muchos otros, habla de un “total estado de abandono”. Posiblemente el más notorio ejemplo de este “abandono” es el hecho de que, a pesar de que la Corte Constitucional del 2009 determinó que un “Plan de Salvaguarda” debía ser implementado con el fin de detener la exterminación del pueblo Siona, ningún plan ha sido implementado jamás – ni siquiera 10 años después.
“Las Salvaguardas son tan solo documentos que se quedan en el cajón” le dijo Mario a the Guardian.
Probablemente igual de notorio es el fracaso del gobierno en la desactivación de las minas terrestres detrás de la escuela de Puerto Silencio y otros sectores del territorio Siona, a pesar de las solicitudes. El Departamento de Acción Integral Contra las Minas Antipersona (DAICMA), parte del Ministerio del Interior, visitó en junio del 2017, pero los siona dicen no ha habido ninguna acción como resultado. En febrero y nuevamente en marzo Mario escribió a Gabriel Vanegas del DAICMA solicitando la fecha en la que el inicio de la desactivación estaba programado y señalando que había transcurrido un año desde que Buenavista denunció el asunto por primera vez, y que no ha recibido respuesta.
Por supuesto, para sionas como Plácido y Celio en Puerto Silencio, el DAICMA ya está demasiado tarde. Nada puede traer de vuelta a su madre. Pero el derecho de los hermanos a las varias maneras de compensación por parte de la agencia gubernamental Unidad para las Víctimas, establecida en 2011 por la misma ley que creó el Programa de Restitución de Tierras, también quedó en nada.
“Hasta ahora, ahora mismo” Plácido le dijo a the Guardian, parado junto al cráter en el que su madre fue asesinada, “no ha habido nada. Los abogados vinieron [de la Unidad] y nosotros hicimos la queja, pero no ha pasado nada.”
Gabriel Vanegas del DAICMA no respondió a las preguntas de the Guardian. El presidente Santos no pudo ser contactado para comentarios.
Parte 2 – Tribu colombiana reacciona frente a supuesta contaminación de compañía petrolera británica
Parte 3 – “Defendiendo nuestra existencia”: Tribu colombiana se interpone a la explotación petrolera
