Investigación colectiva desarrollada entre 2021 y 2026 por Pueblos y Naciones Originarias y organizaciones indígenas y aliadas en la región andino-amazónica, documenta violaciones multidimensionales y exige acciones urgentes estatales e internacionales
28 de octubre de 2026, Ciudad de Panamá, Panamá .— Los gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú deben responder por las decisiones y omisiones que mantienen a los pueblos originarios transfronterizos expuestos al despojo, la contaminación y la violencia. La expansión extractiva por minería y petróleo y sus impactos socio ambientales,el interés por minerales críticos y tierras raras, las expansión de economías ilícitas, la violencia criminal transnacional, la militarización, el despojo, la falta de protección estatal constituyen un patrón sistemático de amenazas contra la vida, la integridad territorial y cultural y el gobierno propio de Pueblos Originarios Transfronterizos en la Amazonía de Colombia, Ecuador, Perú, concluye un informe colectivo compilado por Amazon Frontlines y presentado en el marco del 197º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El reporte titulado “Fragmentación territorial, despojo y violencia contra los Pueblos y Naciones Originarias Transfronterizas: violaciones sistemáticas y multidimensionales de derechos y obligaciones estatales de protección en Ecuador, Colombia y Perú” reúne testimonios y aportes de comunidades y organizaciones de los pueblos Awá, A’i Cofán/Kofán, Andwa, Siona/ZioBain, Siekopai/Secoya, Achuar, Shuar y Wampis, así como aportaciones de organizaciones regionales y de derechos humanos que alertan sobre el riesgo inminente de exterminio físico y cultural que enfrentan las naciones originarias cuyos territorios ancestrales trascienden las fronteras estatales; en un proceso de investigación desarrollado entre 2021 y 2026.
La advertencia central es que las amenazas avanzan a través de territorios y cuencas compartidas, mientras las respuestas estatales permanecen fragmentadas. La contaminación, las incursiones de actores armados y las presiones extractivas comprometen el agua, la alimentación y la permanencia territorial. Al mismo tiempo, las amenazas, ataques y la criminalización de autoridades y personas defensoras debilitan los mecanismos comunitarios para prevenir el daño, exigir justicia y sostener el gobierno propio.
Estas afectaciones profundizan una historia de fragmentación territorial marcada por la delimitación de fronteras y los ciclos extractivos de la quina, el caucho y el petróleo. Para pueblos cuya existencia antecede a la conformación de los Estados, las restricciones a la movilidad y al acceso a sus territorios interrumpen relaciones familiares, prácticas espirituales y procesos de transmisión de idiomas y conocimientos propios.
Este informe se vincula a lo registrado en otro informe recientemente difundido, denominado Defender la Amazonía bajo amenaza, realizado en el marco del programa de respuesta rápida para protección a defensores de Amazon Frontlines, mediante el cual se acompañó 39 casos de personas y/o colectivos defensores en riesgo.
En la rueda de prensa, realizada en la ciudad de Panamá, en la sede del Movimiento de la Juventud Kuna, pueblo originario de ese país, participaron representantes de los pueblos y nacionales originarios: Justino Piaguaje – Siekopai/secoya, Fredy Piaguaje – ZioBain/Siona, Oswando Nenquimo – Waorani y Indira Vargas – Kichwa de la Amazonia, con el acompañamiento de Maria Espinosa, defensora de derechos y abogada de Amazon Frontlines. Otros representantes de pueblos transfronterizos que se unieron a la vocería fueron Shapion Noningo, del pueblo Wampis y el cacique del pueblo Guna Dule, Adriano Perez.
El espacio también se abrió a las denuncias presentadas por dirigente Kichwa de Cotacachi, de la organización UNORCAC, Martha Tuquerres, quien habló de la criminalización y la violencia en contra de líderes y organizaciones indígenas a partir del paro de octubre de 2025, De igual manera, Daniel Sisa, presidente de la Junta de Agua Potable Jerusalem del canton Las Naves, quien hablo de la acción de protección que les fue negada para dar paso a la explotación minera en sus comunidades, afectando seriamente las fuentes de agua y sus derechos.
Hallazgos clave del informe
- Población en riesgo y fragmentación histórica: En la región fronteriza andino-amazónica existen al menos 18 pueblos originarios divididos por las fronteras estatales. El informe profundiza en la situación de los pueblos Awá, A’i Kofán/Cofán, Siona/Ziobain, Siekopai/Secoya, Andwa, Achuar, Shuar y Wampis, cuyas territorialidades abarcan más de 6,2 millones de hectáreas.
- Imposición extractiva sin consentimiento: El 96,26 % de la superficie territorial analizada conserva vegetación natural. Al mismo tiempo, los bloques petroleros se superponen con 3.046.228,63 hectáreas, equivalentes al 48,75 % del universo cartográfico analizado. En los territorios Achuar y Andwa considerados, el traslape alcanza el 100 %.
La contaminación de ríos y suelos afecta agua, alimentación, salud, medicina tradicional y prácticas espirituales. Estas afectaciones se agravan por las barreras de acceso a atención sanitaria, educación y servicios básicos.
- Gobernanza criminal y envenenamiento por mercurio: Las fronteras han sido convertidas en corredores estratégicos para economías ilícitas como el narcotráfico y la minería aluvial ilegal. La contaminación crónica por mercurio derivada de la minería destruye ecosistemas acuáticos e impacta de forma grave la salud neurológica y la seguridad alimentaria de niños, mujeres y comunidades. Amenazas, asesinatos, reclutamiento, desplazamiento, confinamiento y minas antipersonal restringen la movilidad, la subsistencia y el ejercicio de la autoridad.
- Peligro crítico para personas defensoras: La convergencia de presiones extractivas, estructuras armadas e impunidad ha convertido a la Amazonía en una de las zonas más peligrosas del mundo para liderazgos indígenas, defensores de DDHH y territoriales y guardias indígenas.
- Exclusión y “despojo verde”: Pese a demostrar que los territorios indígenas registran las menores tasas de deforestación, los esquemas ambientales, canjes de deuda y mercados de carbono que se implementan sin la participación efectiva de las autoridades indígenas, transforman la conservación en un nuevo mecanismo de control y despojo territorial.
El informe ha sido presentado ante las relatorías pertinentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas para impulsar seguimiento internacional y recomendaciones a los Estados con responsabilidades, plazos y resultados verificables.
Exigencias a los Estados y Organismos Internacionales
- A los Estados de Ecuador, Colombia y Perú: Adecuar sus marcos legales para reconocer la continuidad territorial y la libre determinación de los pueblos transfronterizos; cumplir sus obligaciones de protección y garantía de derechos de los pueblos originarios; suspender concesiones extractivas otorgadas sin consentimiento; implementar planes de protección concertados frente a grupos armados e ilícitos; y garantizar la libre movilidad ancestral.
- A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Fortalecer el monitoreo permanente en zonas de frontera y solicitar una Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el alcance de las obligaciones estatales transfronterizas respecto a la libre determinación, la continuidad y seguridad jurídica territorial, la prevención de daños socio ambientales y el control del crimen organizado trasnacional.
- A la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: Profundizar el seguimiento al artículo 36 de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y al artículo 32 del Convenio 169 de la OIT sobre cooperación y contacto entre pueblos divididos por fronteras.
Las organizaciones participantes advierten sobre el riesgo de amenazas, criminalización y desplazamiento contra integrantes de la delegación al regresar a sus territorios. Señalan antecedentes de represalias después de denunciar violaciones de derechos y exigen medidas inmediatas de prevención y protección, acordadas con las personas y comunidades concernidas.
La participación en espacios internacionales de derechos humanos no puede convertirse en una nueva fuente de peligro. La obligación estatal de protección continúa después de las audiencias y del retorno de las delegaciones.
Declaraciones de los participantes:
Maria Espinosa, abogada de Amazon Frontlines y defensora de derechos, colectivos y de la naturaleza.
Este informe documenta cómo pueblos anteriores a los Estados enfrentan hoy despojo, contaminación y violencia en territorios fragmentados por las fronteras de Ecuador, Colombia y Perú. Esta investigación colectiva evidencia cómo se acumulan el despojo, la expansión petrolera y minera, la contaminación y el control de actores armados y redes criminales. Frente a ello, la responsabilidad de los gobiernos no se limita a lo que dejan de hacer. También comprende las decisiones con las que autorizan intervenciones, mantienen barreras al reconocimiento territorial o la libre circulación, incumplen medidas de protección y sentencias favorables a los pueblos. Hay capacidad estatal para cooperar en materia militar y minero energética; exigimos esa misma capacidad para garantizar derechos, hacer cumplir la justicia y proteger la vida.
Advertimos sobre un riesgo concreto: quienes integran esta delegación pueden sufrir amenazas, criminalización y desplazamiento al regresar a sus territorios. Ya ha ocurrido después de denunciar estas violaciones. Dejamos constancia pública de ese riesgo y exigimos a los tres Estados medidas inmediatas de prevención y protección. Denunciar no puede costarles la libertad, el territorio ni la vida.
Las comunidades siguen sin garantías suficientes de salud, educación y agua segura, mientras soportan contaminación y pasivos ambientales sin reparación integral. Exigimos a los gobiernos cumplir las sentencias, proteger a quienes defienden sus territorios y exigir responsabilidades a las empresas. Su obligación es garantizar la continuidad de estos pueblos y su derecho a gobernar y decidir sobre sus territorios.
Justino Piaguaje, dirigente de territorios de la Nación Siekopai (frontera Ecuador-Perú)
Hay una inseguridad jurídica que no nos garantiza el ejercicio de la autonomía, del autogobierno y la libre determinación. En el Ecuador planteamos una acción de protección [para retornar a nuestro territorio ancestral], ganamos en el año 2023 y estamos por cumplir tres años sin que esa sentencia sea ejecutada. Y mientras eso no suceda, nuestros abuelos y abuelas no pueden volver a su territorio y no pueden dejar esa sabiduría y conocimiento para las futuras generaciones. En el lado del Perú se han titulado los territorios, pero siguen en préstamo: el 80% es prestado por el Estado bajo una modalidad que se llama “cesión en uso” y apenas el 20% en la propiedad.. Nosotros como pueblos queremos seguir siendo Siekopai, por eso queremos pedirle a la comunidad internacional que los conflictos sean resueltos más allá de los acuerdos de paz. Ecuador y Perú firmaron en 1998, pero nosotros, como pueblo, ya tenemos más de 50 años sin regresar a nuestros territorios.
Fredy Piaguaje, Delegado de la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona (ACIPS) (frontera Ecuador-Colombia)
Hemos vivido en el río Putumayo hace miles de años. Antes de que se hiciera la frontera, nosotros ya estábamos en ese territorio. Los Siona somos un pueblo transfronterizo que estamos ubicados en Colombia y Ecuador. En Colombia somos 13 comunidades y en Ecuador ocho, con un total aproximado de 1.800 personas. En Colombia, [la Corte Constitucional] ha declarado que estamos a punto de desaparecer física y culturalmente mediante el Auto 004 de 2009. La mayoría de nuestros territorios está amenazado constantemente por la extracción petrolera, minería, por actores armados que están en Colombia, Ecuador y va avanzando hacia el Perú, quienes ejercen un control constante. Hemos sido amenazados, hemos tenido desplazamientos masivos internos, vivimos en un constante confinamiento. Otra situación compleja es la es el asesinato de los líderes en Colombia, por defender el territorio y la identidad cultura.
Oswando Nenquimo, presidente Organización Waorani de Pastaza, OWAP
Con el plan del gobierno actual, tenemos dos riesgos: la ampliación petrolera que afecta a siete nacionalidades [de la provincia amazónica de Pastaza] , y le exigimos al Estado ecuatoriano que respete nuestras decisiones, porque somos los dueños del territorio. El segundo desafío es el catastro minero: la minería está ahí, día a día, matando nuestros ríos, nuestra selva y nuestra gente, para enfrentar esa amenaza nuestra guardia indígena vigila el territorio, pero que hace el gobierno con las guardias, criminaliza y estigmatiza.
Indira Vargas, vicepresidenta de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza – PAKKIRU
Somos 16 pueblos con más de 225 Comunidades Kichwas, donde ejercemos nuestras prácticas y filosofía como lo garantiza la Constitución ecuatoriana y lo estipulan los tratados internacionales que reconocen la libre determinación y la consulta previa. A más de 70 años, continúa la lucha de los pueblos indígenas contra el extractivismo petrolera y la instauración de la minería legal e ilegal en nuestros territorios. Además, el incremento del crimen organizado que nos causa temor. Estamos defendiendo nuestros territorios y frente a esto el Gobierno ha instaurado un sistema de criminalización y persecución a los líderes indígenas.. En el año 2025, en el contexto del paro nacional en el Ecuador, 60 personas fueron criminalizadas por presunto enriquecimiento privado no justificado y les bloquearon las cuentas. Hemos venido a denunciar todas estas vulneraciones de derechos en la 197 sesión de la CIDH con los relatores para que se mantengan vigilantes de estas denuncias.
Shapion Noningo, secretario técnico del territorio autónomo de la Nación Wampis (frontera Perú – Ecuador)
A partir de 1941, la guerra de Perú y Ecuador, nos cerraron el vínculo familiar, territorial, social hasta 1998, que se firma acuerdo de paz y recién pudimos recuperar el vínculo familiar histórico con nuestros hermanos Shuar, de Ecuador. Como transfronterizos tenemos problemas fuertes: la minería legal o ilegal, bloque petroleros, tala ilegal, negocios turbios en los que operan agentes externos que operan con vínculos internacionales. Países, como Perú, son cómplices de estas actuaciones porque, por un lado, no hacen nada, y por otro lado está la corrupción. Muchas autoridades son financiadas por la minería: congresistas, gobiernos regionales y locales, y no se hace nada para erradicar estas acciones. Nuestros derechos como pueblos transfronterizos están siendo vulnerados. Cuando pasamos las fronteras por motivos de vender nuestro plátanos y actividades cotidianas, somos hostigados por los ejércitos. Los Estados no están trabajando para proteger a la persona indígena, por eso pedimos a la CIDH que tome cartas en el asunto, aunque no tenga capacidad de sancionar, hacemos público este tema para que el mundo conozca esta realidad.
- Adriano Pérez, Sagladummad (cacique) del pueblo Guna Dule – Panamá (frontera Panamá – Colombia)
Nuestros derechos como pueblos indígenas son amenazados y vulnerados ante el sistema occidental, en Panamá también sucede, hay persecución contra dirigentes y autoridades tradicionales. El sistema reconoce los derechos y las leyes que tenemos en las comarcas indígenas, aun así el sistema hace la persecución, tenemos 3 autoridades indígenas apresadas. La ley nacional y comunitaria deben trabajar mancomunadamente, pero cuando ingresan allí, son prepotentes y quieren pisotear nuestros derechos, quieren que nosotros cumplamos con las leyes, pero ellos son los primeros en violar la ley. Nosotros no somos un problema para el Estado, somos parte de la solución.
Contactos para medios y coordinación de entrevistas
- Luisana Aguilar: Coordinadora de Medios Nacionales, Amazon Frontlines — luisana@amazonfrontlines.org
- Raúl Estrada: Campaigner, Amazon Frontlines — raul.estrada@amazonfrontlines.org
