Una nacionalidad indígena exige el cumplimiento de reparación en Ecuador - Amazon Frontlines

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octubre 2023 /

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Quito, 31 oct (EFE).- La comunidad de Sinangoe (Ecuador), de la nacionalidad indígena a’i cofán, se manifestó este martes frente a la Corte Constitucional para que ordene el cumplimiento de las sentencias de reparación, tras lograr que se anulasen las concesiones mineras en su territorio.

Asimismo, exige que se declare inconstitucional el Decreto 754, que busca acelerar los trámites de proyectos de inversión en el país, incluidos los de petróleo y minería.

Wider Guaramag, presidente de la comunidad, que llegó desde la provincia de Sucumbíos (fronteriza con Colombia), recordó que la sentencia de hace unos cinco años apunta a una «reparación integral de la zona afectada, donde ya hubo una devastación de más de 16 hectáreas por actividades de minería».

Asimismo, ordena a los ministerios «la eliminación de las 20 concesiones mineras que fueron entregadas» y que al momento solo están suspendidas, dijo.\

Recordó que en la comunidad viven 250 personas, pero hay muchas comunidades a orillas del río Aguarico, que se pueden ver afectadas.

«Estamos cansados como nacionalidad cofán de esta vulneración de derecho, de esta burla», pues no hay reparaciones ni se han eliminado las concesiones, reclamó la indígena Alexandra Narváez.

Jorge Acero, de Amazon Fronlines, dijo que hace más de un año se presentó ante la Corte Constitucional una acción de incumplimiento porque los ministerios de Ambiente y Minas «se han negado reiteradamente a dar cumplimiento a una sentencia firme» de 2018, de la Corte de Sucumbíos y ratificada por la Constitucional en 2022.

Se lamentó de que «en cinco años, el Ministerio del Ambiente no ha movido ni una sola piedra, no ha tocado ni una sola de las piscinas que existieron por la afectación de esta actividad minera».

Asimismo, comentó que el Ministerio de Energía y Minas «fue obligado a eliminar y revertir del catastro minero ecuatoriano 52 concesiones que afectarían a una totalidad superior a las 32.000 hectáreas de selva y de zona virgen en la zona de pie de monte».

«Llevamos años de indolencia de parte, al menos de estos dos ministerios, y de una vulneración continuada de derechos ante el incumplimiento, absolutamente voluntario, consciente y reiterado de parte de estas dos carteras de Estado para negarse a reparar los derechos» de las comunidades y la naturaleza, mencionó.

Ana Vera, de la Alianza de Derechos Humanos, comentó por su lado, que «justicia que tarda y que no se implementa, no es justicia», por lo que reclamó a la Corte que «haga reales sus fallos».

«Estamos aquí -dijo- para decir que este caso es emblemático para mostrar lo poco que cuesta destruir, porque la comunidad Sinangoe ha sido destruida por la megaminería, y lo difícil que es reparar y restaurar, a pesar de que hayan sentencias constitucionales».

Decreto 754

Los indígenas exigieron una respuesta «urgente y oportuna» a su demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto 754 por considerar que atenta contra sus derechos colectivos, y aseveran que nunca fueron consultados ni se obtuvo su consentimiento previo, libre e informado para las concesiones.

En septiembre de 2023, conjuntamente con la Organización Waorani de Pastaza, Nación Siekopai, Fundación Alianza Ceibo, Surkuna, Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos y Amazon Frontlines, presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra del «Decreto 754».

Éste, «bajo la denominación de consulta ambiental, implementa un procedimiento de participación que contraviene los derechos a la autodeterminación, consulta y consentimiento previo, libre e informado, derechos que obligan al Estado a respetar y fomentar nuestra identidad cultural, autogobierno y la relación especial que tenemos con los territorios y naturaleza», señalan los indígenas.

«Este decreto pretende aplicar la consulta ambiental a las comunidades indígenas, pueblos y nacionalidades desconociendo las especificidades y garantías que implica la consulta previa, libre e informada para la protección de nuestros derechos a la vida y el territorio», apuntan.

Además, consideran que el decreto pone en riesgo a sus territorios «porque busca viabilizar el desarrollo de proyectos mineros y petroleros que hacen parte de la agenda estatal».

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