- Persiste incumplimiento de medidas cautelares del Pueblo indígena ZioBain (Siona) de los Resguardos de Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco)
- Comunidades esperan espacios concretos de seguimiento y medidas de protección culturalmente adecuadas
Territorio ZioBain, Rivera del Putumayo, Bogotá D.C.,Colombia; Washington, D.C.; Quito, Ecuador, julio 11 de 2023.
Cinco años después del otorgamiento de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor del Pueblo Siona de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco), el Estado colombiano sigue sin dar cumplimiento a lo ordenado por ésta, lo que profundiza el riesgo de exterminio físico y cultural de este pueblo.
En una reunión de trabajo celebrada el lunes, las autoridades de los Resguardos y las organizaciones reiteraron a la CIDH la importancia de que el Estado avance prioritariamente en la implementación de las medidas cautelares, así como de que garantice las condiciones a la CIDH para realizar una visita al territorio ancestral Siona en atención al incremento de la situación de riesgo.
“La situación de riesgo que enfrenta nuestro Pueblo Siona en los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y PoPiyuya (Piñuña) se ha agudizado por la presencia de actores armados regulares e irregulares en nuestros territorios”, manifestó Mario Erazo Yaiguaje, gobernador del Resguardo Siona de Buenavista, con posterioridad a la reunión de trabajo celebrada con el Estado colombiano en el marco del 187° período de sesiones de la CIDH.
Con ocasión de la sesión de trabajo con la CIDH, el Pueblo Siona y sus representantes insistieron en la importancia de celebrar espacios de concertación con funcionarios de alto nivel y con capacidad de decisión del Estado colombiano para lograr acuerdos concretos sobre las medidas preventivas, extraordinarias y de mitigación que deberán implementar. De manera particular, se solicitó la asignación de recursos técnicos y financieros suficientes y específicos para este fin.
Lina María Espinosa, defensora de DDHH de la organización peticionaria Amazon Frontlines señaló que “es urgente que la institucionalidad colombiana dé respuestas efectivas, concretas y con enfoque diferenciado al Pueblo Siona dada su persistente y creciente situación de riesgo y vulnerabilidad. No resultan suficientes manifestaciones de buena voluntad, ni respuestas sujetas a la oferta institucional ordinaria, es urgente que eso se concrete en acciones de protección específicas, idóneas y efectivas”.
La situación del Pueblo Siona es de extrema gravedad pues los riesgos se han incrementado durante los últimos años debido a la persistencia de conflicto entre estructuras de grupos armados irregulares; la siembra de minas antipersonales; las restricciones a la movilidad; confinamiento y amenazas por actores armados no estatales contra las autoridades de los Resguardos e integrantes del equipo técnico de acompañamiento. De igual forma, la imposición de toques de queda, nuevas modalidades de reclutamiento, pretensiones sobre el territorio indígena por parte de actores armados, señalamiento y hostigamiento por aplicación del Mandato Ley del Resguardo, e impulso estatal de la actividad extractiva en el Bloque PUT 08.
En 2018, la CIDH solicitó al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para salvaguardar la vida e integridad personal de las familias de los Resguardos, y generar las condiciones para que puedan vivir de manera segura en su territorio, sin ser objeto de violencia, amenazas u hostigamientos. Sin embargo, a la fecha no hay garantías de cumplimiento e implementación de medidas de protección ni se evidencia un enfoque étnico diferencial.
Las pocas intervenciones estatales siguen orientadas a proyectos de carácter general que tienen las entidades para cualquier territorio y que no consideran la excepcionalidad del riesgo que enfrentan los Siona. Así, estas acciones no han sido efectivas, como lo demuestra la persistencia y profundización de la situación de riesgo. Tampoco se ha garantizado medidas efectivas para la defensora de derechos humanos Lina María Espinosa, cuya vida e integridad está en riesgo producto de su trabajo de acompañamiento a estos resguardos.
La comunidad espera que el Estado avance en espacios concretos de seguimiento y concertación, y que las instituciones estatales asuman con carácter prioritario, urgente, integral y decidido la pervivencia de la vida del pueblo indígena Siona.
Francisco Quintana, Director del Programa para Norteamérica, Caribe y Región Andina de CEJIL dijo: “Frente a la situación de riesgo exacerbada que enfrentan estos resguardos, resaltamos la importancia de que el Estado avance, en coordinación con las comunidades beneficiarias, en la implementación de estas medidas cautelares, así como de que la Comisión Interamericana dé un seguimiento cercano a la implementación”.
«Ante la persistencia y agravamiento de la situación de riesgo identificada por la CIDH, es necesario evaluar la idoneidad y efectividad de las medidas de protección material implementadas, y buscar fórmulas adecuadas y oportunas en el marco de procesos de concertación culturalmente adecuados» agregó Alejandra Escobar Cortázar, abogada integrante del Cajar.
Al finalizar la reunión, se reiteró que la presión de actores armados irregulares y la militarización de los territorios comunitarios ancestrales exacerba la situación de riesgo, y afecta la toma de decisiones y desarrollo de los sistemas de autogobierno del Pueblo Siona; estigmatizando el ejercicio de control territorial de la Guardia indígena.
Vocerías
- Amazon Frontlines – Lina Maria Espinosa
- Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo -Cajar- Alejandra Escobar
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL- Francisco Quintana
- Autoridad Resguardo Gonzaya (Buenavista) – Mario Erazo
- Autoridad Resguardo Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco) Fredy Piagueje
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