El domingo, 19 de enero de 2025 tuvo lugar un debate entre los 16 candidatos a la presidencia del Ecuador para el período 2025 – 2029. En el contexto de las crisis que Ecuador vive actualmente, no sorprendió que se abordaron tres ejes: seguridad y prevención del crimen, eficiencia del Estado y servicios públicos, y crecimiento económico y generación de empleo.
Para todos y todas los aspirantes presidenciales la Amazonía ecuatoriana no representa un tema de relevancia para el debate pública. Eso nos debería preocupar.
Por más de 50 años, Ecuador se ha beneficiado de la explotación petrolera en el norte de su Amazonía. Han sido años de devastación para los territorios de pueblos indígenas, contaminación del agua y pobreza de la población que ahí habita. Pese al aprovechamiento que el país ha tenido de la Amazonía, no parece ser un tema de interés para los políticos ecuatorianos.
En sus respuestas apenas se mencionó a la Amazonía en dos ocasiones, una para hablar de descentralización del Estado y otra para señalar que las hidroeléctricas del país dependen mucho del agua de la Amazonía. Eso es todo. Pero cuando se trató de hablar de petróleo y la minería, la cosa cambió, tenían mucho que decir al respecto.
Para el tema de la generación de empleo, la respuesta fue extractivismo. “Empezar a producir y a generar empleo ¿dónde? Mirando al suelo, lo que está ahí abajo: el petróleo, la energía y la minería,” dijo Francesco Tabacchi, candidato por parte del Movimiento Creando Oportunidades (CREO). Continuó: “Abrirle las puertas a la empresa privada y a la inversión extranjera regulada y controlada por el Estado.” En la misma línea Henry Cucalón, candidato del partido CONSTRUYE dijo “Sí a la minería legal desde mi primer día de gobierno”. Al mismo tiempo juraron luchar contra la minería ilegal, pese a que el Estado ha demostrado su incapacidad para controlar la situación.
Los dos candidatos con mayor intención del voto, acuerdo a las encuestas, se pronunciaron muy poco en el debate sobre el delicado tema del extractivismo. El candidato y actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se limitó a señalar que todo tipo de minería se llevará a cabo con los más altos estándares ambientales para “generar empleo pero nunca asustando la inversión extranjera que es la que va a generar empleo masivo en este país”. Durante su mandato, Noboa ha impulsado la industria petrolera y minera en el extranjero sin las debidas consultas, como la Ronda Petrolera SurOriente y de ganar las elecciones, su plan continuará este curso.
Por su parte, en el discurso de la candidata del correísmo (Revolución Ciudadana), Luisa González, no se menciona ni la Amazonía, ni el extractivismo, sin embargo en su plan de gobierno habla de “combatir la minería ilegal y recuperar la institucionalidad de regulación y control del sector minero” y de trabajar con pueblos indígenas para garantizar sus derechos. Sin embargo, la figura más insigne de su partido, el expresidente Rafael Correa, fue el mayor impulsor del extractivismo en el Ecuador, siendo quien instaló el primer proyecto minero a gran escala en la Amazonía Sur del Ecuador, e inició la explotación petrolera en el bloque 43-ITT del Parque Nacional Yasuní.
El discurso de minería legal y responsable versus minería ilegal se viene cultivando desde hace algunos años para impulsar el ingreso de empresas mineras en comunidades indígenas y campesinas del Ecuador. Investigaciones periodísticas recientes de la plataforma periodística CONECTAS han señalado cómo en la provincia de Napo, la línea entre minería legal e ilegal es tan borrosa que llega a ser inexistente, y cómo en otros cantones mineros, la minería legal se ha convertido en el centro de lavado de la minería ilegal operada por bandas criminales. Esto demuestra una incapacidad del Estado para controlar la situación—y, lo más grave es que los aspirantes a la presidencia claramente no proponen abiertamente estrategias para controlarlo. La pregunta es: ¿No develan sus estrategias porque no las tienen o porque nada cambiará cuando lleguen al poder?.
Al analizar los planes de gobierno de los candidatos, se observa que la mayoría insisten en que la implementación de la minería se hará respetando a la naturaleza, como si ignoraran los daños que esta ocasiona en los ecosistemas. Un ejemplo es la provincia amazónica de Napo donde la minería ilegal ha deforestado 490 hectáreas de bosque entre 2017 y 2020, de acuerdo al Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Esta actividad también ha generado contaminación en los ríos con metales pesados, afectando a comunidades enteras que dependen de estos.
Otra cuestión que los y las candidatas omiten en su discurso durante el debate y en sus planes es el derecho constitucional de las personas a ser consultadas sobre los proyectos que afectan sus vidas y sus territorios. En el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas se trata de la consulta previa, libre e informada, y, en el caso de las personas no indígenas la consulta ambiental y, en general, las consultas populares. Solo en cinco de los dieciséis planes de trabajo los candidatos hablan de garantizar la consulta previa, libre e informada y de promover la aprobación de una ley para ese propósito, que se encuentra pendiente.
La intención de avanzar con proyectos petroleros y mineros sin la debida consulta, además de vulnerar derechos colectivos, pone en riesgo el trabajo de personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Un ejemplo son las comunidades Las Pampas y Palo Quemado en la sierra ecuatoriana que fueron criminalizadas en 2024 por resistir el ingreso de las mineras. A esta consulta se suma la victoria histórica en la que el pueblo ecuatoriano decidió vetar la explotación petrolera en el parque nacional Yasuní, así como otras consultas en las que la población se pronunció para prohibir la minería metálica en el Chocó Andino, Girón y Cuenca. Este silencio deja claro que la voluntad popular no será escuchada.
Durante el debate, solo una voz se expresó de forma diferente. El candidato y presidente del movimiento indígena del Ecuador, Leonidas Iza, manifestó “no a la minería a gran escala” para proteger el agua, la vida y la alimentación. Y en solo el plan de trabajo de Iza, y en el de candidato Pedro Granja, ambos de izquierda, plantean moratorias mineras además de garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada.
El futuro luce sombrío. La Amazonía es el ecosistema más importante del mundo, pero de manera injusta, se le ignora injustamente hasta que algunos puedan beneficiarse de ella para su riqueza personal y la de grupos de poder. Claramente, para la miope mirada de quienes detentan el poder, la Amazonía es una zona de sacrificio de la que pueden extraer los recursos sin consecuencias. Pero las consecuencias no son solo para Ecuador sino para el mundo entero.
La Amazonía es la selva más grande del planeta y es uno de los más importantes reguladores de nuestro clima compartido. Es irónico cómo, pese a decir que se es consciente del cambio climático y sus consecuencias, pese a recientemente haber vivido sus consecuencias con una sequía que provocó cortes de energía de hasta 14 horas diarias en Ecuador, la “solución” siga siendo el extractivismo petrolero y minero.
Los ecosistemas mejor conservados del mundo han sido cuidados por los pueblos indígenas. La falta de interés de los gobiernos por la conservación de la Amazonía no solo amenaza la sostenibilidad del planeta, sino que también pone en riesgo el hogar ancestral de las comunidades indígenas. El debate presidencial ha levantado una alarma al mostrar que los candidatos punteros ven la explotación de la selva como una herramienta para obtener ingresos para las corporaciones internacionales y garantizar la devastación del bosque tropical. Fue evidente en el debate que los políticos siguen mintiendo cuando afirman que la explotación petrolera y minera traerá desarrollo y combatirá la pobreza. La amplia evidencia en Ecuador indica lo contrario.
