Putumayo, 28 de abril de 2025
Investigación de la Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales de PNUD evidencia el incumplimiento y violación sistemática de salvaguardas por su proyecto “Sector Privado” de 2021
Putumayo, Colombia – El 25 de abril de 2025 la Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales de PNUD emitió su informe final de su investigación sobre la alianza entre el PNUD y la petrolera Geopark en relación al proyecto “Sector Privado”. Este proyecto buscaba reactivar la economía después de la pandemia del Covid-19 en los departamentos de Putumayo, Casanare y Meta. Según informaciones reveladas en el informe, parece que el proyecto pretendía legitimar socialmente a una empresa con un largo historial en violaciones de derechos y facilitar la expansión de sus operaciones en la Amazonía.
El informe de la investigación, que empezó en mayo de 2021, revela cómo PNUD ignoró las extensas denuncias públicas de graves violaciones a derechos humanos y colectivos cometidos por la empresa petrolera Amerisur Colombia Limitada, que opera desde 2009 en Putumayo y que fue adquirida por GeoPark en 2020. Al firmar esta alianza, sin tomar en cuenta las denuncias e ignorar la lucha de las comunidades campesina e indígenas con el extractivismo, PNUD generó desconfianza en las comunidad sobre sus intenciones y puso en riesgo otros proyectos como “Amazonía Sostenible” enfocado en la conservación amazónica.
La investigación concluye que PNUD violó múltiples políticas de salvaguarda de la misma institución, y no cumplió con la debida diligencia para revisar y evaluar las actividades de Geopark. La alianza debió ser calificada de “ALTO RIESGO” y excluirse, en lugar de autorizarse, por el alto impacto que causaría legitimar una empresa que ha violentado a comunidades resquebrajando el tejido social, y permitir que se consolide, afectando la integridad territorial, derechos ambientales y la dignidad de las comunidades.
La alianza servía como un lavado de imagen de GeoPark, y ponía en duda los años en que las comunidades vienen haciendo denuncias por violación de derechos humanos. Enmascaró los impactos sociales y ambientales, y violaciones de derechos humanos en curso que no han sido remediadas o reparadas. No consideró las afectaciones por el conflicto armado y su reconfiguración desde 2016, vinculado al avance del extractivismo; promoviendo la estigmatización, marginación y exclusión de las comunidades que se oponen. Es más, a día de hoy, la empresa Geopark continúa presionando para obtener permisos ambientales para expandir sus operaciones en el bloque petrolero Put-08 en el territorio de la Zona de Reserva Campesina la Perla Amazónica.
En ningún momento PNUD consideró dar información o permitir la participación de los actores clave que serían los afectactados, recayendo en una “discriminación en razón de opinión política”. Además PNUD no cumplió con obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas que serían afectadas por la alianza, poniendo en tela de duda los procesos de resistencia y ocasionando más división.
El informe toca la dinámica de una “puerta giratoria” entre PNUD y la industria petrolera. Según la investigación, “el principal punto de comunicación entre la oficina [de PNUD] y Geopark era un antiguo empleado de Ecopetrol.” Luego muestra cómo intentaron manipular el proyecto “Sector Privado” para empezar con comunidades que eran favorables a la empresa, como una puerta de entrada para las que se oponían. El informe asevera que, “las comunicaciones del PNUD a GeoPark parecen reconocer que la generación de apoyo local hacia las actividades de GeoPark en la zona era concebido, al menos en cierto punto, como un resultado del proyecto.” Incluye texto de un correo de PNUD a GeoPark que dice, “pensamos que si la estrategia funciona, la empresa podría incorporar nuevos recursos en caso de encontrar un nicho favorable para la implementación de proyectos en estas veredas que hoy son sensibles a la llegada de GeoPark…”
Llama la atención que a pesar de que han pasado cuatro años desde la cancelación del convenio con GeoPark, los comentarios realizados por PNUD al borrador de informe presentado por SECU, reflejan que sigue sin comprenderse la gravedad de lo acontecido. Al contrario PNUD continúa intentando justificar sus actuaciones que fueron contra derechos de las comunidades y sus territorios, descalificando testimonios, minimizando las afectaciones causadas en los tejidos sociales, organizativos, comunitarios, ambientales y culturales. Esta posición de PNUD cuestiona hasta qué punto, se acogerán las recomendaciones y cuál será la ruta para restablecer la confianza con las organizaciones y comunidades, que fue severamente lesionada por su actuar que favoreció los intereses de la empresa GeoPark por encima de los procesos comunitarios y sus luchas en el territorio amazónico de Putumayo.
Este informe demuestra las graves afectaciones que Geopark y el extractivismo han realizado en el Putumayo, y que valiéndose del PNUD intentaron lavar su imagen y debe ser considerado por las autoridades del Estado Colombiano sobre todo ahora en que Geopark intenta obtener licencia ambiental para expandir sus operaciones en la concesión petrolera PUT-08 en Puerto Asís.
Exigimos también que a partir de este informe, PNUD reconozca su responsabilidad y revise, tanto en Colombia como a nivel mundial, sus alianzas estratégicas con empresas petroleras y mineras. Y exigimos que se fortalezcan los mecanismos internos para darle seguimiento a las recomendaciones y que tengan el carácter de vinculantes, con la participación de las comunidades y sociedad civil..
Recomendaciones específicas que se hicieron desde la comunidades en el proceso que no fueron recogidos en el informe incluyen:
i) Eliminar todas relaciones institucionales de la PNUD con el sector minero y petrolero, mediante una modificación de su política sobre el sector privado. Específicamente, transferir las industrias petrolera y minera de la categoría de “alto riesgo” a la categoría de “excluida”.
ii) Realizar una auditoría de todos sus proyectos actuales con petroleras y mineras a nivel global, revisando a detalle la aplicación de las salvaguardas elaboradas en el presente informe; de manera particular se debe revisar las razones por las cuales el proyecto de PNUD Colombia con Ecopetrol continuó su ejecución a pesar de los antecedentes y cuestionamientos hacia esta empresa, respecto a alianzas con grupos armados y graves violaciones de derechos humanos.
iii) Investigación, determinación de responsabilidad y sanción para las personas responsables directa e indirectamente del escándalo con GeoPark, como una garantía de no repetición de los hechos que se demostraron en el informe.
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Descargue el informe aquí desde la página de PNUD:
